Efecto anarquía de la solución punitiva: la muerte violenta en el genocidio por goteo en América Latina

Por Alejandro Alagia*

    Es un hecho inequívoco que el incremento extraordinario, racializado, de la muerte violenta y la prisionización en el continente a partir de la década del 90´está asociado a la guerra punitiva a las drogas. Todavía presentes los traumas post-genocidas, en la región se abren otras vías para la masacre expiatoria cuyas singularidades la distinguen del pasado. La cuestión racial se anuda a un nuevo estereotipo de inferiorización y persecución: el delincuente consumidor-traficante demonizado como la encarnación del mal absoluto por discursos profesionales, la autoridad política y, fundamentalmente, por la empresa comunicacional. La fabricación de este enemigo absoluto no difiere en absoluto del delincuente subversivo conocido entre nosotros. En cualquier caso, la ejecución extrajudicial, la tortura o prisionización masiva está precedida por una inferiorización.

    Como en el genocidio, la muerte violenta es masiva, pero no sistemática, porque la mayor cantidad de muertes violentas tienen por causa el efecto vacío que produce la intervención punitiva en el mercado ilegal de las drogas. Esta característica es general del poder punitivo. Pero en condiciones de extrema desigualdad, la decisión por la respuesta vindicativa y racializada para la economía de las drogas es propiciatoria de situaciones de violencia letal anárquica entre grupos que compiten por territorio y mercado en expansión. Cientos de miles de jóvenes, hombres, pobres, urbanos, no-blancos, son devorados por el revés de la solución punitiva: la renuncia al gobierno soberano del conflicto. Increíblemente donde hay soberanía punitiva no hay soberanía política. 

       Como en cualquier otro caso de selectividad punitiva, el estereotipo de inferiorización es más amplio que el que el estereotipo de persecución, porque para que exista una situación de vulnerabilidad concreta al castigo, ella tiene que estar precedida por una elección subjetiva. La etiqueta de peligro contaminante puede alcanzar a una población entera, pero sólo una parte atrae para sí solución vindicativa y ello siempre depende, en una última instancia, de singularidades subjetivas, que la etnografía urbana describe como gravemente autodestructivas1. En el caso de la guerra punitiva a las drogas, estas características de la selectividad en el castigo se hace masiva en letalidad policial, en prisionización, pero de modo extraordinario en muerte violenta a causa del efecto anarquía.

       América Latina no es el continente más pobre del mundo pero socialmente es el más desigual. Suficiente razón para que la economía ilegal de las drogas funcione como aspiradora de situaciones concretas de vulnerabilidad, lo que explica que la región encabece el ranking de las tasas de homicidio doloso más altas del planeta. Los estudios del ILANUD (Instituto latinoamericano de las Naciones Unidas para la prevención del delito y tratamiento del delincuente)  de las dos últimas décadas son inequívocos en este sentido2.

    Los datos de realidad nos golpean la cabeza3. Los cálculos más conservadores de la UNODOC (Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito) sobre la población consumidora de drogas ilegales es de 155 y 250 millones de personas entre 15 y 64 años de edad. La prisionización masiva de consumidores por tenencias insignificantes es global igual que el uso masivo de la pena de muerte para el comercio. En Ucrania, la posesión ínfima se castiga con tres años de cárcel. En Rusia, una jeringa con restos, la mitad de esa pena. Los mismos hechos en Irán, Yemen y Egipto los juzgan tribunales militares. En Indonesia los consumidores pueden ser detenidos por nueves meses antes del juicio. En EE.UU la venta de crack tiene la misma pena que el homicidio. En China existen 700 centros de desintoxicación forzosa y 165 de trabajo y rehabilitación. Un gulag que encierra a 350.000 personas. Lo mismo hace Camboya. Más de cuarenta países ejecutan castigos físicos con látigo, azote y garrote, entre ellos Malasia, Irán, Arabia Saudita, Qatar, Brunei, Nigeria, Libia y los  Emiratos Árabes. Otros 32 países mantienen la pena de muerte para delitos de drogas y en 13 la muerte es obligatoria para algunas calificaciones. La mayoría de las ejecuciones ocurren en China, Irán, Arabia Saudita y Vietnam por ahorcamiento, fusilamiento, decapitación e inyección letal. Cada año ocurren 1.000 ejecuciones en todo el mundo por delitos de drogas. Sólo en China en 2007 por otros delitos, se estima la muerte entre 2.000 y 15.000 personas. En Irán en el año 2010 hubo 650 ejecuciones de las cuales 590 estuvieron relacionadas con drogas.  En Malasia entre 2004 y 2005 de las 52 penas de muerte que aplica 36 fueron por droga. En 2003 el gobierno de Tailandia lanzó una ofensiva que en tres meses produjo 2.800 ejecuciones extrajudiciales.

       En México se calcula que 1.000 niños perdieron la vida y que 50.000 perdieron a alguno de sus padres. La cantidad de muertos por la misma causa a partir de la militarización de la guerra en 2006 llega a una cifra de 100.000 víctimas sin contar la desaparición de personas que se calcula en más de 20.000 para el mismo período.

       EE.UU ejecuta homicidios selectivos y secretos contra traficantes fuera de sus fronteras. En 2009 tenía 50 personas incluidas en “listas negras” para ser muertas o capturadas. En 2008 más de las mitad de las 2,5 millones de personas prisionizadas en este país lo son por causas de droga. Este país encarcela más personas por delitos de droga que los que van a prisión en Europa por cualquier delito, teniendo una población mayor. A pesar de contar con índices de consumo y comercio parejo entre la población blanca y no blanca y que la población negra representa el 13% del total, la prisionización de jóvenes negros alcanza el 45 %, latinos 20 % y blancos 28 %.

       Cuando se describe la guerra punitiva a las drogas, el efecto anarquía tiene otras consecuencias paradojales muy significativas. Se estima que la población consumidora no problemática es 13 veces mayor que la problemática, 250 millones de consumidores recreativos y 16 millones de consumidores en situación de riesgo. Esto por sí solo indicaría de modo irrefutable la naturaleza imaginaria del mal absoluto que se atribuye a consumidores y traficantes. El peligro para la existencia misma de la sociedad humana, como lo formuló una sentencia del máximo tribunal de justicia de mi país emparenta la guerra punitiva a las drogas en discurso y acción con cualquier genocidio moderno. De cualquier modo, la solución punitiva para una epidemia que afecta la salud, amplifica lo que alucina erradicar, creando las condiciones para una verdadera crisis humanitaria de escala global. A la prisionización masiva racializada, las ejecuciones extrajudiciales, el extendido uso de la pena de muerte y a la muerte violenta también generalizada como una epidemia más, deben sumarse otras consecuencias igualmente graves.

        El consumo de drogas inyectables causa 1 de cada 10 infecciones de HIV que en Europa Oriental y Asia Central llegan hasta el 90 %. Sólo en Rusia el 37% de los 1,8 millones de personas que se inyectan viven con HIV. Por el contrario dónde existe regulación política con programas de reducción de daños la infección se redujo por debajo del 5%. La OMS cree que en el mundo 5.500 millones de personas, como resultado de la guerra, tienen escaso o nulo acceso a medicinas opiáceas para el tratamiento del dolor.

       Otras crisis humanitarias más localizadas tienen por causa la erradicación militar de cultivos con los mismos herbicidas que se usaron en la guerra de Vietnam. Ello ha tenido como resultado migraciones masivas de pueblos indígenas, encarcelamientos de productores e inseguridad alimentaria. Sólo en Colombia se desplazan por año 20.000 personas. En Afganistán los cultivos son bombardeados por la OTAN y las poblaciones escapan a Afganistán.

    En América Latina la muerte violenta se mueve de un lugar a otro. La renuncia en soberanía política por elección de soberanía punitiva se cobra la mayor cantidad de víctimas en guerras territoriales entre carteles y bandas para el control del mercado al menudeo o el comercio internacional. No ha habido caso en que la destrucción física o el desbande de una organización a causa de la intervención del poder punitivo no haya tenido por efecto, que otros rivales más audaces, violentos y mejor armados ocupen el lugar vacante o que se desplacen de un territorio a otro más seguro. La erradicación de cultivos de coca en Perú y Bolivia trasladó el negocio a Colombia. A partir de la década del 90′, se desplaza al norte de México y en el presente a países de América Central. La conclusión en este punto de las organizaciones liberales con información del último medio siglo de guerra, la resumen del siguiente modo: aunque la solución punitiva pueda mostrar resultados aparentemente eficaces, que se atribuyen políticos, policías y militares, para la economía de las drogas son marginales, localizados y temporales y para la vida y la seguridad la causa de una crisis humanitaria de alcance planetario.

    La ley penal aumenta los homicidios. Entre los delitos violentos en la ciudad de Los Angeles, los casos relacionados con las drogas son el 43% de los 1365 homicidios (el 94% ocurridos con armas de fuego) ocurridos entre 1994 y 1995. Este crecimiento extraordinario del homicidio doloso sólo puede compararse con el incremento de la epidemia de muerte violenta que la ciudad padeció en la guerra punitiva al alcohol en la década del 20′. En Colombia durante los años más duros de la guerra la tasa anual de homicidio se elevó a 100 de cada 100.000 habitantes.

       Para la Organización Mundial de la Salud, en 2012 perdieron la vida en homicidios dolosos en el mundo 437.000 personas. La mayoría ocurrió en América con el 36%, el 31% en África, el 28% en Asia, el 3% en Europa y el 0,3% en Oceanía. Lo más revelador es que entre los primeros 23 países en que más se mata 18 son de este continente. Cuando se analiza el homicidio doloso por subregión las cifras son más alarmantes: África del Sur y América Central tienen promedios 4 veces mayores al promedio mundial que es de 6,2 homicidios dolosos cada 100.000 habitantes. Le sigue América del Sur (centro y norte del subcontinente) África Central y el Caribe con tasas entre 16 y 23 homicidios dolosos cada 100.000 habitanets. Pero no salimos del asombro al conocer que 3.000 millones de personas viven con tasas bajas tasas de homicidio y en cambio a 750 millones la muerte violenta le pisa los talones. La mitad de los homicidios dolosos ocurre en países que representan el 11% de la población mundial.

       En la misma época, lo mismo sucede en las ciudades norteamericanas. En 1991, Washington DC tiene una tasa de 80 homicidios dolosos cada 100.000 habitantes, Detroit, 62,8 en 1987; Dallas 48,6 en 1991; Baltimore 48,2 en 1993; Houston, 36, 5 en 1991, Chicago 33,1 en 1992, Memphis, 32 en 1993, Nueva York, 30,7 en 1990 y Boston 24,9 en el mismo año. En el promedio general del país la tasa se duplica con el desarrollo de la guerra punitiva a las drogas. Para la primera década del nuevo siglo, a pesar de una significativa reducción del promedio general,  ciudades como Nueva Orleans, Detroit, Baltimore, Newark, Washington DC, Cleveland, Atlanta, Houston, Chicago y Nueva York tienen tasas de homicidio comparables a la de países como Honduras, El Salvador, Guatemala, Colombia, Brasil, Sudan, República Dominicana, Ecuador, Guayana y México. Entre las cincuenta ciudades con más homicidios dolosos del mundo, que tienen entre 25 y 141 cada 100.000 habitantes, es decir entre 3 y 17 veces por encima de lo que la OMS considera epidemia, hay 21 de Brasil, 7 venezolanas, 5 mexicanas, 5 colombianas, 4 de EE.UU, 3 sudafricanas, 2 en Honduras, 1 en Guatemala, 1 en El Salvador y una en Jamaica.

    El destino de los jóvenes negros de Brasil. Por el lugar que Brasil ocupa en el registro de la violencia merece atención especial. Su caso es ejemplo del exterminio de la juventud negra en las periferias urbanas pobres del país. Los homicidios dolosos son la principal causa de muerte entre los 15 y 24 años para jóvenes negros. De los 51.198 homicidios ocurridos en 2011 más de la mitad (27.471) fueron jóvenes, de los cuales el 71,44 % corresponde a población negra y masculina en el 93,03 %. En 1996 la tasa de homicidio era de 24,8 para elevarse a 27,1 en 2011 y los juveniles pasaron de 42,4 a 53,4 cada 100.000 habitantes. Cuando se mide tiempos más largos las cifran son de genocidio: entre 1980 y 2011 desaparecieron del Brasil por esta causa 1.145.908 personas. Sólo entre el 2008 y 2011 fueron asesinadas 206.005 personas. Si a ello se le suman otras formas de muerte violenta en igual período, como accidentes de tránsito (995.284) y suicidios (205.890) Brasil perdió en tres décadas por causa de muerte violenta una población del tamaño de la ciudad de Buenos Aires. En términos de vidas humanas, la situación es comparable a los efectos de una guerra. Los 62 conflictos armados en el mundo entre el 2004 y 2007 produjeron la misma cantidad de víctimas que los homicidios de Brasil entre 2008 y 2011. El homicidio juvenil en las capitales del país es devastador, en 2011 cada 100.000 habitantes se registran estos números: Maceió, 288, Joao Pessoa, 215; Salvador, 164, Vitoria, 150; Recibe, 142, Fortaleza, 129, Natal, 123; Manaos, 120; Belén, 103; Porto Alegre, 82; Río de Janeiro, 41; Florianópolis, 49; San Pablo, 20.

    Mas cerca de EEUU, más muerte. La situación en México, Honduras, El Salvador y Guatemala, alcanzó proporciones también genocidas. En estos dos últimos países, las víctimas de homicidio dolosos ya superan las muertes de las guerras civiles del siglo pasado. En 2011, Honduras mostraba una tasa de homicidios de 92, El Salvador, 70, Guatemala 40 y México 24 (cada 100.000 habitantes). En la región el caso de Nicaragua es extraordinario y debe estudiarse más en profundidad. Tiene un tasa relativamente baja en comparación con sus países vecinos, apenas más de 8 homicidios cada 100.000 habitantes. Más allá de esta situación particular -explicable en los efectos de la revolución sandinista- no puede soslayarse el dato irrefutable que indica que el 95% de la cocaína que ingresa al mercado de EEUU con 25 millones de consumidores, el 10 % del total mundial, proviene de Sudamérica pasa por México y el corredor de América Central. Este mapa de la economía ilegal de la droga sobre el que se desplaza la solución vindicativa, deja como saldo un intinerario de ciudades muertas. La ciudad de Juárez[4. Sobre los asesinatatos masivos de mujeres, R. Segato, La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en la ciudad de Juárez. Buenos Aires, 2013. Hace una aproximación teórica en Las estructuras elementales de la violencia, Buenos Aires, 2016.] fue durante 3 años consecutivos en esta década la capital mundial del homicidio doloso con 239 cada 100.000 habitantes. Un general retirado del ejército mexicano, director de seguridad pública de la ciudad de Torreón, reconoció al periódico “La Jornada” el 13 de marzo de 2011: “cuando agarro a un Zeta o Chapo lo mato ¿Para qué interrogarlo?”.

    ¿Dónde están los negros en EEUU? Igual carácter racializado tiene el homicidio doloso que la prisionización masiva. La cárcel en América tiene color propio y es el no-blanco. Si en Brasil la solución punitiva mata y dejar morir negros, EE.UU los prisioniza en una forma que ya nadie duda en calificar como una nueva esclavitud. En un poco más de tres décadas, EE.UU paso de tener 300.000 presos a más de 2 millones. Dos tercios de este incremento se atribuyen a la guerra contra las drogas. Ningún país en el mundo prisioniza a tantos miembros de un grupo nacional. Incluso lo hacen en una escala superior a lo hecho por el apartheid sudafricano. En Washington D.C, se prevé que 3 de 4 jóvenes negros pasen un tiempo en prisión. En 2001 se calculaba que el consumo de drogas ilegales abarcaba el 6,4% de población blanca, el mismo porcentaje para la población negra y 5,3% para los latinos. En general un consumo similar al de Europa. Pero en las principales ciudades asoladas por la guerra a las drogas, el castigo y pérdida de otros derechos fundamentales para la vida, alcanzaba al 80% de los jóvenes negros. En 2006, 1 entre 14 negros estaba en prisión. Si se tiene en cuenta un rango etario de 20 a 35 años de edad la relación es de un 1 negro preso por cada 9 en libertad. La posesión y el comercio de crack se castiga con penas de prisión 100 veces más severas que la cocaína. El 93% de los condenados por causa del crack son negros.

       Cuando se estudió el racismo en la ejecución de la pena de muerte en Georgia (Estudio Baldus) se descubrió que los acusados de matar a víctimas blancas tenían 4,3 veces más posibilidades de ser condenados a muerte, que los acusados de matar a negros. Un negro liberado de prisión tiene iguales derechos que un esclavo liberto. Como en el régimen Jim Crow no votan, no trabajan, se les priva de vivienda social y educación pública. Hoy en día hay más adultos afroamericanos en prisiones o bajo control penal que los que estaban esclavizados en 1850. Según un informe de la Facultad de Derecho de la Universidad de Yale en 2015 había 100.000 personas que cumplían pena en celdas de castigo.

       Como se pregunta Michelle Alexander -activista y académica negra- en el más revelador texto de criminología de las últimas cuatro décadas de EEUU, “¿Dónde se han ido los jóvenes negros en este país?”

    ¿Es posible una teoría punitiva de la muerte violenta? Se conoce de esta potencia soberana devoradora su origen en la agresividad humana, precedida por una experiencia de malestar que la destrucción convierte en goce al reducir displacer subjetivo. Pero la identidad entre lo humano singular con la soberanía punitiva termina cuando ponemos en escena al objeto sacrificial. En cualquier sociedad humana salvaje o civilizada siempre es de poco o ningún valor. Se gana en reducción de malestar mediante la pérdida de alguien inferiorizado, despreciable, contaminante. Por esta ganancia, la víctima se vuelve sagrada. Con poco se cree obtener mucho. Los romanos lo previeron en las leyes penales de las XII tablas con la expresión sacer esto cuando fijan el talión que debe cumplirse. Por el contrario no hay descripciones clínicas ni especulaciones metapsicológicas en que la  pulsión de muerte deba desplazarse sobre objetos inferiorizados social y culturalmente. A diferencia de lo que ocurre en la soberanía punitiva, que toma un pedazo de vida humilde para convertir la destrucción en algo positivo para la sociedad, por lo común en la economía psíquica, la primera víctima en los casos más graves es la propia persona.

       No hay certeza en la tesis sacrificial del castigo, únicamente tiene la ventaja de ser menos improbable que cualquier fantasía preventiva o retributiva. Otros antes que nosotros advirtieron la familiaridad del castigo público con el sacrificio y con la guerra4. A este linaje hemos agregado la masacre estatal. Falta todavía en esta aproximación incorporar la muerte violenta.

       A principios de la década del 90′, la escuela latinoamericana observó que la letalidad policial era cien y diez veces mayor que en Europa y EE.UU respectivamente5. Hoy deberíamos completar la descripción considerando especialmente el contenido racial y de limpieza étnica de la solución punitiva que tiene origen en lo que denominamos, a falta de un nombre mejor, “efecto anarquía” de la intervención penal. La herencia colonial y esclavista en el continente dejó una huella profunda que facilita el trabajo de la solución vindicativa. La inferiorización de grupos enteros de población tiene aquellas marcas, en la prisionización masiva de EE.UU o en la muerte violenta de la juventud negra del Brasil. Estas líneas maestras que responden a la pregunta por el castigo, tienen que enriquecerse con más trabajo criminológico.

*(El texto es parte de un capítulo del libro –todavía en proceso de escritura-  sobre “La escuela latinoamericana de derecho penal y criminología” en coautoría con Rodrigo Codino)

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  1. Para EEUU, P.Bourgois, En busca de respecto. Vendiendo crack en Harlem, Buenos Aires, 2014, M. Davis, La ecología del miedo, Barcelona, 2001 y Ciudades muertes. Ecología, catástrofe y revuelta, Madrid, 2007; sobre el gueto el clásico, D.Harvey, Urbanismo y desigualdad social, Madrid, 2014; en la literatura negra, A. Davis, Democracia de la abolición. Prisiones, racismo y violencia, Madrid, 2016 y M. Alexander, El color de la justicia, Madrid, 2014. En México, la minuciosa descripción periodística de la autodestructividad en la guerra narco, I. Grillo, El narco, Barcelona, 2011, L. Astorga, El siglo de las drogas. Del porfiriato al nuevo milenio. México, 2016. Para Argentina, C. Alarcón, Cuando me muera quiero que me toquen cumbia, Buenos Aires 2014 y Si me querés, quereme transa, Buenos Aires, 2014.
  2. E. Carranza, ¿Es posible reducir la tasa de homicidio en América Latina? ¿Qué hacer?, INACIPE, México, mayo 2016.
  3. La catarata de datos que siguen fueron tomados del Informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la “Situación mundial en la prevención de la violencia”, año 2014, realizado conjuntamente por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Oficina de las Naciones Unidas para las Drogas y el Delito (UNODOC); del informe de esta última institución sobre Homicidios, año 2013. Los datos relativos a las consecuencias humanitarias de la la guerra punitiva a las drogas, del Informe Asumiendo el control, Global commission on drug policy, septiembre 2014 y del informe “Count the cost, 50 years of the war on drugs”, año 2015. Sobre el homicidio de jóvenes negros en Brasil, el Mapa de la violencia en Brasil, 2013, Homicidios y juventud negra en Brasil, Presidencia de la República. Sobre los datos en la prisionización masiva de negros en EEUU y la comparación con la esclavitud, M. Alexander, op. cit..
  4. Por ejemplo, en el pensamiento antiliberal y reaccionario de J. De Maistre, Las veladas de San Petesburgo, Valencia, 1832 y en 1889 en la obra pionera del jurista y poeta brasilero, T. Barreto, Introducción al estudio del derecho penal, Buenos Aires, 2009.
  5. E. Zaffaroni, Muertes anunciadas, Bogotá 1993.
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