El “Clima” de corrupción

Por Ángel Bruno*

Una pregunta recurrente en los análisis que se efectúan sobre el grave problema de la corrupción, es si ésta se vincula en forma directa con los gobiernos llamados “populistas”. Vale decir, si los sistemas de gobierno que se apartan del modelo económico ortodoxo vigente hoy en los países centrales y de la ideología que los sustenta, para impulsar acciones de corte popular basadas en otra ideología, son el caldo de cultivo donde se desarrolla la corrupción.

La pregunta, contestada de manera afirmativa por quienes adhieren a la ortodoxia económica y su ideología, presupone que en los populismos no existen reglas de juego claras ni seguridad jurídica, que se gobierna con autoritarismo y discrecionalidad y que, por lo tanto, es más fácil pedir y aceptar sobornos por parte de los funcionarios públicos, y casi necesario otorgarlos y hasta ofrecerlos por parte de las empresas que quieran obtener alguna licitación.

Sin embargo, una mirada atenta y objetiva sobre la cuestión, alejada de cualquier intención de favorecer a alguna ideología, descubre fácilmente que el tema de la corrupción excede largamente al carácter de los gobiernos. En cualquier sistema pueden incubarse, y de hecho se incuban, actos de corrupción.

Es posible que para la gente común, no especializada ni particularmente llamada a interiorizarse y profundizar sobre la cuestión, sea más fácil percibir la corrupción en los gobiernos populistas, porque en éstos los actos de corrupción suelen ser más directos, prosaicos y espectaculares, como guardar millones de dólares en bolsos y arrojarlos tras un tapial, hecho, además, fácilmente recogido por los medios y reproducido hasta el hartazgo. Pero en los gobiernos no populistas, de apariencia prolija, suelen sucederse hechos de corrupción tanto o más graves que el ejemplificado. Modificar a la baja un arancel de importación en medio punto, o condonar una deuda millonaria a una empresa entre gallos y medianoches a través de un expediente administrativo, pueden significar ganancias extraordinarias para tal o cual empresa, y la consiguiente pérdida de recursos para el Estado, mucho mayor que el soborno de los bolsos. Y de casi nula visibilización. Es la corrupción de guante blanco, de funcionarios bien vestidos, de buenos modales, pertenecientes a las clases sociales más acomodadas. Para el imaginario de ciertos sectores de la sociedad, esa gente es más honesta que los funcionarios populistas, en general provenientes de otros estratos sociales.

Con ese imaginario como una de las motivaciones de su voto, en 2015 muchos argentinos eligieron un nuevo gobierno, de signo contrario al anterior. Y creyeron ver un “cambio de clima” en el tema de la corrupción. Así lo señalaron también los medios hegemónicos y la constante referencia en los discursos de los nuevos funcionarios a la “pesada herencia” recibida, en la que tenían cabida los actos corruptos del gobierno anterior, que ellos combatirían.

El “clima” de corrupción es un concepto elástico y equívoco, con pocas pautas objetivas medibles y muchas operaciones que generan opinión pública. Las denuncias estentóreas de dirigentes políticos recogidas y reproducidas generosamente por los medios de comunicación son parte importante en la generación de ese “clima”. Pero aceptando tales relatividades, puede afirmarse que el “clima” de corrupción no mejoró con el cambio de gobierno en Argentina.

En efecto, cuestiones tales como la investigación internacional de los llamados Panamá papers, donde aparece involucrado el Presidente de la Nación; o el pretendido acuerdo con la empresa de su padre, que manejó el Correo privatizado, tildado de “ruinoso” para el Estado por la Fiscal interviniente; o la extensión del blanqueo de capitales, por decreto, a los familiares directos de funcionarios públicos, obviando una expresa norma prohibitiva de la ley; o las denuncias y testimonios sobre sobornos cobrados por el máximo funcionario de los servicios de inteligencia del país o de uno de los intendentes del gran Buenos Aires, hablan a las claras que el “clima” de corrupción ciertamente no mejoró. Sin contar los cambios en la Unidad de Información Financiera, que morigeró notoriamente sus controles hacia el sistema financiero, y donde su vicepresidente es la abogada que defendió y representó, hasta días antes de asumir, a un Banco privado acusado internacionalmente de servir como plataforma de lavado de dinero y denunciado en Argentina por el gobierno anterior, denuncia que fue levantada. Ni los nombramientos de muchos funcionarios de primer nivel con notorios conflictos de intereses, ni la modificación de una ley para poder nombrar en la jefatura de la Oficina Anticorrupción a una militante del partido de gobierno.

En este estado, mientras tanto, a mediados del mes de marzo del corriente año el Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana Contra la Corrupción (MESICIC), dependiente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), analizó el grado de implementación de las disposiciones de la mencionada Convención (CICC) en cuatro países: Argentina, Chile, El Salvador y Panamá, emitiendo los correspondientes Informes. En el referido a la Argentina, el Comité de Expertos de ese Mecanismo le realizó al país, para mejor implementar la CICC, treinta y tres recomendaciones sobre las contrataciones de funcionarios públicos y  treinta seis sobre las compras del Estado, entre otras, como la sanción de un régimen de protección integral para denunciantes y testigos de actos de corrupción. En todos los casos se recomienda observar los principios de publicidad, equidad y eficiencia, se refiere a los tres poderes del Estado y queda claro que no han mejorado las cosas con la asunción del nuevo gobierno (el Informe puede consultarse en la página web de la OEA, www.oas.org.com). En la reunión que al comenzar su análisis el Comité de Expertos mantuvo con los representantes de la sociedad civil, y de la que participó la Comisión de Seguimiento del cumplimiento de la CICC en la Argentina, en la persona de quien esto escribe, quedó de manifiesto también que en dicho Comité no se percibe un cambio de “clima” de corrupción en el país.

Pero también hay que decir que la corrupción no comienza ni termina en los funcionarios públicos. El sector privado es parte activa de ella. Y buena parte de la sociedad, que denuncia y se rasga las vestiduras ante hechos corruptos, no toma en cuenta sus propias acciones de evasión o elusión impositiva, pagos de pequeñas coimas o utilización de influencias para obtener beneficios, acciones todas ellas que bien pueden enmarcarse dentro del famoso “clima” de corrupción.

Y en este punto tal vez sea necesario intentar reflexionar sobre si el problema,  más que en una cuestión de sistemas de gobiernos “populistas” o no “populistas”, no reside en la concepción individualista de la sociedad. Porque el atajo hacia “lo que me conviene a mí”, en detrimento de la ética del cumplimiento de la norma, responde, en general, a un sentido individualista de la vida. Si progresara, en cambio, un sentido auténticamente solidario hacia el bien común, tal vez la corrupción tendría menor cabida. Y ese sentido solidario sólo puede prevalecer si se sostiene en un proyecto de nación que privilegie al bien común y a lo comunitario por encima del libre juego de los proyectos individuales.

Bienvenidas entonces las normas que implementen la CICC, que sirven de barrera de contención, y bienvenida la voluntad política de aplicarlas, en los casos en que la haya. Pero sabiendo que la lucha contra la corrupción es más de fondo y tiene un alcance global.

Bs. As., 15 de mayo de 2017

* Abogado y Doctor en Ciencias Políticas. Presidente de la Comisión de Seguimiento del cumplimiento de la Convención Interamericana Contra la Corrupción (CICC) en Argentina. Diputado de la Nación (MC). Ex Convencional Constituyente de la Ciudad de Buenos Aires. Ex Vicepresidente Primero del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF), de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) y de la Asociación de Abogados de Buenos Aires (AABA)

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