El decreto 334 y una nueva renuncia a la soberania

En esta ocasión especial, Jorge Cholvis describe las consecuencias nefastas que trae consigo el endeudamiento llevado a cabo por el gobierno actual. En este panorama, el proceso de toma sistemática de deuda externa llevada a cabo por el gobierno de Mauricio Macri no parece ser la única condición que limite nuestra autonomía: el propio futuro de nuestros recursos naturales aparece amenazado ante la escalada del endeudamiento externo.

Por Jorge Francisco Cholvis

La prórroga de jurisdicción a foros judiciales extranjeros y a tribunales internacionales se acentúa en los tiempos de la globalización financiera como un requerimiento fundamental del capital especulativo. De esa forma privilegian los intereses del capital mundialmente concentrado en pocas personas, por sobre las necesidades básicas insatisfechas de los pueblos que cargan con el peso del endeudamiento. Con la asunción del gobierno de Macri, el endeudamiento público vuelve a ser una cuestión gravísima y condicionará todas las políticas económicas. Los Decretos N° 29 (11.01.17), el 231 (05.04.17) firmados por el presidente Macri y el reciente 334 (12.05.17) firmado por Gabriela Michetti en ejercicio del PEN -dado el viaje al exterior de Macri-, son instrumentos normativos para el descomunal endeudamiento externo del país, que ya supera los u$s 90.000 millones. Dichos decretos facultan la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales estaduales y federales ubicados en la Ciudad de Nueva York, Londres, y de la Confederación Suiza, como también la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana. Es la última expresión del capitalismo salvaje que afecta al desarrollo y existencia de los pueblos.

Los decretos invocan la posibilidad de oponer la defensa de inmunidad soberana con relación a ciertos bienes que detallan sus textos; tal las reservas del BCRA; los localizados dentro o fuera del territorio argentino que presten un servicio público esencial; los utilizados por una misión diplomática, gubernamental o consular de la República Argentina; los impuestos y/o regalías adeudadas a la Argentina; los de carácter militar o bajo el control de autoridad militar o agencia de defensa de la República Argentina; los que forman parte de la herencia cultural de la Argentina; los bienes protegidos por cualquier ley de inmunidad soberana que resulte aplicable; y los que pertenezcan al dominio público localizado en el territorio de la República Argentina, incluyendo los comprendidos por los Artículos 234 y 235 del Código Civil y Comercial de la Nación. Los bienes del artículo 234 del Código mencionado son los que se encuentran fuera del comercio, y los del artículo 235 son los pertenecientes precisamente al dominio público, entre otros el mar territorial, aguas interiores, bahías, puertos; ríos, arroyos, lagos y lagunas navegables; islas; espacio aéreo y aguas jurisdiccionales; calles, plazas; etc.

Con ello crean la sensación que se ampara al patrimonio nacional, pero sin embargo no es así. Hace tiempo Arturo E. Sampay sostuvo que los países dominantes mediante la prórroga de jurisdicción imponen una administración de justicia “ad hoc” a los países dominados, y de tal modo, ante las controversias de intereses en las que son parte la utilizan como instrumentos para apropiarse en gran escala de los recursos naturales de esos países, pues los conflictos que se suscitan “deben ser dilucidados ante los tribunales del exterior que ellos determinan; sin eufemismo hablando: ante sus jueces. Como es de observar, se trata de una fibra más de las que componen la coyunda con que atan a su yugo a los países dependientes”

 Por ello, es necesario resaltar que dichos decretos, dejan al margen del principio de la inmunidad soberana de jurisdicción y ejecución a los bienes del artículo 236 del Código Civil y Comercial de la Nación, que son los que pertenecen al dominio privado del Estado nacional, provincial o municipal. Dicho artículo establece expresamente que “pertenecen al Estado nacional, provincial o municipal, sin perjuicio de lo dispuesto en leyes especiales: (…) b) las minas de oro, plata, cobre, piedras preciosas, sustancias fósiles y toda otra de interés similar, según lo normado por el Código de Minería; (…) e) los bienes adquiridos por el Estado nacional, provincial o municipal por cualquier título”. Es decir, quedan fuera de la protección de la inmunidad soberana por ejemplo, los recursos hidrocarburíferos, el litio y otros numerosos recursos minerales estratégicos de los cuales el país contiene importantes yacimientos; también las empresas del Estado. Son la garantía y el preciado resultado final de un endeudamiento insostenible e impagable. El desmantelamiento del patrimonio y de las capacidades estatales de decisión soberana se apoya en un entramado jurídico internacional orientado a recortar adicionalmente la capacidad de decisión soberana de los estados dominados, constituyendo un intervencionismo neocolonial.

A modo de conclusión podemos señalar que estamos, pues, ante uno de los mecanismos de despojo/saqueo, promovido e instrumentado desde los países centrales y sus corporaciones financieras, en pugna con el desarrollo autónomo de los países periféricos/dependientes. La deuda en moneda extranjera que se está contrayendo por el país, es insostenible, y embarga a generaciones futuras de argentinos. Es el presupuesto y vía principal utilizada para financiar la fuga de divisas. Las políticas neoliberales llevaron a la crisis del 2001/2, y ahora nos conducen a otra situación de desastre similar. Un decreto, una ley, toda norma jurídica siempre se nutren de una concepción política y refleja intereses, aunque estos no se manifiesten expresamente. El país está siendo víctima de un saqueo de dimensiones incalculables. Por tanto, es imprescindible tener presente que los bienes que enuncia el art. 236 del Código Civil y Comercial, y que forman parte del patrimonio nacional, del país todo, al quedar desamparados de protección en cuanto a la inmunidad soberana de jurisdicción y ejecución, serán pasibles del saqueo al quedar colocados en primera línea como garantía del pago del endeudamiento.

Los decretos citados y las normas dictadas en su aplicación, tal la Resolución N° 5 del Ministerio de Finanzas, afectan gravemente la soberanía nacional por las renuncias y condicionamientos que contienen; habilitan a los acreedores a litigar contra el país en jurisdicción y con legislación externa poniendo en peligro los recursos naturales. Son el sustento normativo promovido desde los países dominantes para alcanzar la justicia “ad hoc” que necesitan para imponer la dura coyunda sobre los pueblos. Es allí donde se dirimirá el conflicto si la Argentina, impugna la validez de la deuda, plantea una moratoria o ingresa en default. En Nueva York y Londres se rematarán en tal caso los recursos naturales por los compromisos financieros asumidos por el gobierno de Macri. Y ello coloca en una situación totalmente vulnerable al Estado respecto del control, protección y utilización de nuestros recursos y riquezas naturales. Es claro que Argentina por esta vía sufre una limitación sustancial en el ejercicio de su soberanía. La consecuencia será la violación de los derechos humanos básicos. Ante este panorama, es indispensable abrir el debate sobre la gravedad del problema, y de tal forma, con la participación protagónica del pueblo lograr impulsar y adoptar políticas precisas para que ello no ocurra.

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