El golpe que la prensa brasileña no notició

Por Eduardo Nunomura *

El reconocido periodista brasileño analiza el rol de la prensa en la cobertura de la crisis política desatada tras el golpe del impeachment a Dilma Rousseff y el impacto en el proyecto político del PT.

La crisis política que llevó al colapso de la democracia en Brasil a través de un golpe de estado, el golpe impeachment o juicio político, fue montado sobre dos sólidos pilares de apoyo: el mediático y el jurídico. Este ensayo busca arrojar luz sobre el papel de la prensa no sólo en la cobertura de la crisis, sino también en la desconstrucción del proyecto político ya destituido del poder. Los hechos en la arena política se vienen desarrollando a una velocidad tan vertiginosa que, sin el distanciamiento temporal sobre ellos, por ahora apenas podemos presentar un recorte. La escena completa, sin embargo, es mucho más grande, más compleja y aún está en formación.

Un extranjero tiene todo el derecho de creer que Brasil vive en una república bananera. Dos días antes de que el Senado, la Cámara alta del Parlamento brasileño, votara por la suspensión del mandato de Dilma Rousseff, alejándola de la presidencia por hasta 180 días, el presidente interino Waldir Maranhão de la Cámara de Diputados, decide anular el proceso contra la Presidenta, ratificado por 367 diputados de esa misma institución. Waldir Maranhão, que decidió por el impeachment del impeachment, era un diputado federal del llamado bajo clero, exrector de la Universidad Estadual de Maranhão y fue alzado a la categoría de “héroe” y “villano” al mismo tiempo con el simple acto de anular la sesión que ocurriera el día 17 de abril. Su acto duró pocas horas, ya que poco después fue anulado por el presidente del Senado, Renan Calheiros.

¿Por qué es este episodio relevante para abrir este texto? Porque el mismo día que Maranhão decide anular el proceso de impeachment, periodistas y columnistas de renombre de la prensa hegemónica brasileña usaron ávidamente las redes sociales para calificar como “golpe” la actitud del Presidente interino de la Cámara de Diputados. Ante la presión política y mediática, Maranhão revocó su decisión a la noche de ese mismo día. Curiosamente, ninguno de esos profesionales de la comunicación se había levantado contra la votación del día 17 de abril, llevada a cabo por un desafecto del gobierno, el exdiputado Eduardo Cunha, y que importantes medios de la prensa mundial, de forma casi unánime, llamaron golpe contra la democracia brasileña.

Durante cuatro horas, parlamentarios escenificaron un espectáculo deprimente transmitido en vivo por los principales canales de televisión y emisoras de radio. Era la votación por la apertura del proceso de impeachment de Dilma. Pero lo que menos se vio allí fue una discusión sobre si los indicios del crimen de responsabilidad contra la Presidenta procedían o no. Los diputados usaron el escenario mediático para dedicar el voto a su propia familia o a Dios (el Estado es, o debería ser, laico en Brasil). Un exmilitar de reserva homenajeó a un torturador de la Presidenta durante la dictadura militar y recibió una escupida de otro diputado, hecho que generó más citaciones en las redes sociales que el desempeño de la votación. Y todo eso siendo orquestado y comandado por Cunha. La condena a Dilma Rousseff ya estaba decidida antes de iniciarse el proceso.

El golpe sólo fue posible porque la prensa brasileña, intencionalmente o no, silenció el protagonismo de Eduardo Cunha en la crisis política. En condiciones normales, un parlamentario involucrado en casi una decena de denuncias de corrupción sería la última persona con credibilidad para comandar la apertura de un proceso de impeachment. Y eso quedó en evidencia cuando, después de aprobado el proceso en la Cámara de diputados, pasó al Senado y se decidió por la corrección del desvío.

El Supremo Tribunal Federal (STF), uno de los pilares jurídicos del golpe, apartó a Eduardo Cunha del comando de la Cámara baja del Congreso 18 días después de aprobada la apertura del juicio político, proceso que él públicamente se empeñó en llevar adelante. En un solo acto, los ministros del STF –jueces de la Corte Suprema– consiguieron mantener las apariencias de una liturgia del proceso, revistiendo el impeachment de un carácter legal al desplazar a Cunha del poder de mando de la política–el presidente de la Cámara baja es el que le sigue al vicepresidente en la línea sucesoria presidencial–.

Si la Justicia cumplía su parte, la prensa brasileña no se quedaba atrás. Tras la apertura del juicio político, los periódicos ya hablaban del inicio de un nuevo gobierno. Un meme (imagen que se viraliza en las redes sociales) que circuló en internet no dejaba dudas: en una única semana, el diario O Globo publicó cuatro tapas donde el vicepresidente Michel Temer ya discutía como si fuese presidente. Las noticias destacadas fueron publicadas hasta el 2 de mayo, diez días antes de que Temer asumiera interinamente la Presidencia. Dilma se convertía en una “eminencia parda”, aunque todavía retuviera el cargo de mandataria del país. La naturalización del golpe, tratado invariablemente como impeachment por tratarse de un instrumento previsto en la Constitución brasileña, fue una de las más eficientes estrategias adoptadas por la prensa para ocultar sus acciones en la manipulación de las noticias que tenía un objetivo claro: interrumpir el ciclo de gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT) en la Presidencia de la República.

En 2003, Luiz Inácio Lula da Silva se convirtió en el primer político del PT en gobernar Brasil. El éxito de su primer mandato cuando tuvo que enfrentar una crisis generada por un escándalo político-mediático, el del mensalão (compra de apoyo parlamentario por medio de propinas), fue de tal grandeza que le permitió al exlíder operario ser reelegido en el cargo y nominar a su sucesora, Dilma, que también fue reelecta. En 2014, en medio de otro escándalo político-mediático, el así llamado petrolão (desvío de dinero de la empresa estatal petrolífera Petrobras por medio de contratos sobrefacturados que beneficiaban a políticos de varios partidos), la Presidenta y exministra poderosa de Lula tuvo que enfrentar la más reñida elección presidencial desde la redemocratización en 1985.

Una de las principales razones para el éxito de los gobiernos del PT, acreditado por los cuatro períodos consecutivos, fue el pacto conservador entre la élite económica y los trabajadores, mediado por Lula y luego por Dilma. Era una especie de juego ganar-ganar en el cual tanto los empresarios como la clase trabajadora apaciguaban sus disputas en nombre de un crecimiento sustentable de la economía. En 2010, con Lula en la Presidencia, Brasil creció7,8%. La prensa nunca fue amable con Lula o Dilma, aunque era difícil para los periodistas ignorar que Brasil había encontrado el camino de la prosperidad sintetizado en la mejora de las condiciones de vida de la población.

El ascenso de la nueva clase media, por medio de lentas conquistas, fue efectuado sin que hubiese una lucha de clases. Ese “reformismo gradual”, según André Singer, politólogo que inventó la expresión “lulismo” para definir la ascensión del PT al poder, fue más allá de las necesidades que exigiría un país como Brasil, donde la desigualdad social es enorme y persistente. Y esa cuenta deficitaria pasó factura en la destitución de Dilma. La actual crisis política revela que ese pacto conservador se desvaneció y que los que estaban fuera del poder desde hacía tanto tiempo se cansaron de esperar por la salida democrática.

La primera y más evidente señal de que el “lulismo” ya no conseguía atender a las crecientes y diferentes demandas de una sociedad más compleja ocurrió en junio de 2013. Las manifestaciones convocadas por jóvenes estudiantes que protestaban contra el aumento del costo de los pasajes de ómnibus fueron multifacéticas y con distintas fases, al contrario de lo que la mayor parte de la cobertura de la prensa dio a entender.

Recapitulando: las protestas empezaron con una cuestión municipal, a saber, la movilidad urbana (aumento del precio de los pasajes de ómnibus), y crecieron en dimensión e intensidad, al punto de que los manifestantes cuestionasen el sistema representativo de la democracia brasilera. Los primeros actos de los estudiantes fueron tratados con mucha mala fe por los medios de comunicación dominantes. En respuesta hubo una reacción violenta por parte de la policía militar contra los jóvenes y la reacción inmediata de la sociedad fue protestar contra el arbitrio en las calles –que no abandonaron desde entonces–. Los reporteros de TV comenzaron a ser rechazados y la cobertura de junio de 2013 pasó a ser cubierta desde lo alto con helicópteros. Medios alternativos, como Mídia Ninja, ganaron proyección en esa época, porque eran desconocidos por el público.

Las protestas se tornaron más violentas, con la entrada de los black blocs y la cercanía del mundial de fútbol del año siguiente aquellas entraron en la agenda de reivindicaciones. También en aquel momento personas que no estaban acostumbradas a participar de manifestaciones, como los alumnos “bien-nacidos” que no suelen usar el transporte público y estudian en escuelas caras, engrosaron el coro de los descontentos. El movimiento de São Paulo se expandió al resto del país. Los carteles se volvieron contra la clase política, pero la prensa prefirió enfatizar las manifestaciones contra Dilma, Lula y el PT. Las noticias indicaban que ese era el blanco, ignorando, ocultando o tergiversando el hecho de que junio de 2013 fue mucho más complejo que una direccionada manifestación antigobierno federal.

La reacción del gobierno de Dilma no ayudó en nada a tranquilizarlos ánimos exaltados. Ante un intento de ampliar la participación popular en la democracia, la Presidenta propuso cinco pactos [1] nacionales para la salud, la educación, el transporte, responsabilidad fiscal y reforma política, incluyendo el combate a la corrupción. Hasta una propuesta de plebiscito para convocar a una Asamblea Constituyente llegó a ser considerada. La mayoría de las medidas dependían de la aprobación del Congreso, que ignoró la llamada “voz de las calles” y no atendió a ninguna de esas demandas. La respuesta fue implacable en las urnas, en la elección del año siguiente. La sociedad brasileña eligió un Parlamento de claro corte conservador, lo que dejó pendiendo de un hilo la supervivencia del “lulismo”.

Aunque parezca contradictorio, parte de la explicación del voto de los electores brasileños a la derecha en las últimas elecciones se debe al agotamiento de la política de coalición que el presidencialismo brasileño impone a los gobernantes de turno. Para que el Jefe de Estado asegure la mayoría en el Poder Legislativo necesita garantizar el apoyo de innumerables partidos, sobre todo de los que tienen mayor cantidad de bancas. Una de las exigencias es atender a la vieja política del “toma-y-daca”, en la que ministerios y proyectos de ley parlamentarios son negociados como en una mesa de negocios. Todo esto siempre fue conocido y hasta tolerado por la mayoría de los brasileños que no salían a las calles para protestar cuando un político declaraba públicamente –y a través de la prensa– el slogan “roba, pero hace”.

Después de junio de 2013 las cosas cambiaron. La crisis mundial de las democracias desembarcaba con su “primavera brasilera”. El ciudadano se sintió con el derecho a protestar, fuesen cuales fuesen sus reivindicaciones. Algunos querían democracia directa, otros la vuelta de la dictadura cívico-militar. Muchos querían el fin de la militarización de las policías, mientras miles se sentían bien representados por políticos como el Coronel Telhada o Jair Bolsonaro, representantes-símbolos del movimiento reaccionario en Brasil. La prensa prefirió no hablar del ascenso de esos peligrosos títeres fascistas que pregonaban, sin ningún pudor, el exterminio de minorías. Los medios de comunicación se ocuparon de encontrar una narrativa convincente para desgastar al gobierno de Dilma.

La mejor oportunidad surgió en marzo de 2014, cuando fueron presos Alberto Youssef (responsable por compra venta de dólares para fugar divisas) y un exdirector de Petrobrás, Paulo Roberto Costa. Iniciada en 2009, la operación Lava Jato [2], la más grande investigación sobre corrupción realizada hasta el momento en Brasil, tenía como foco una red de doleiros que movían miles de millones de reales usando empresas de fachada, cuentas en paraísos fiscales y falsos contratos de importación. Con la prisión de Yousseff, la operación descubrió la existencia de un mega-esquema de corrupción en Petrobrás, involucrando a políticos de varios partidos y a las constructoras más grandes del país.

En ese momento, la máquina de seleccionar noticias de la prensa opera a un ritmo acelerado para destacar el escándalo político-mediático del petrolão. Día tras día, la sobreexposición de las noticias sobre corrupción buscó desestabilizar la confianza de la población en el proyecto “lulista”. Aunque las investigaciones iniciales fueron bastante amplias, involucrando inclusive a oponentes de Dilma, la espectacularización de la noticia ocurría especialmente cuando involucraba a políticos del PT o de su base aliada. En el campo jurídico, que excede al alcance de este ensayo, las sucesivas “delaciones premiadas” se tornaron una poderosa moneda de cambio para el juez Sérgio Moro, luego erigido a la categoría de héroe nacional por la prensa brasileña. La evidente selectividad de las investigaciones contaminó la cobertura mediática en una peligrosa simbiosis entre jueces y periodistas.

La disputa electoral de 2014 giró enfáticamente en torno a la corrupción, algo bastante previsible. En la víspera del ballotage, cuando Dilma enfrentó a Aécio Neves del PSDB, la revista Veja, con más de un millón de seguidores y explícitamente opositora a los gobiernos del PT, publicó un reportaje de tapa indicando que Dilma y Lula sabían de los esquemas de corrupción en Petrobrás. La idea era crear hechos que pudieran revertir el resultado electoral. No lo logró, pero por muy poco. La presidenta Dilma fue reelecta con 54,3 millones de votos, 3,5 millones más que Aécio Neves. Ya en el Parlamento, el escenario para Dilma era nebuloso: el Congreso electo, de corte conservador, emergió a partir de la respuesta de una sociedad escéptica y disgustada con la política.

Lo que se vio desde entonces fue que la prensa hegemónica, representada por los principales y más influyentes vehículos de comunicación de Brasil, se rehusó a aceptar el resultado de las urnas y sometió a la Presidenta a una sobreexposición con noticias seleccionadas sobre corrupción. Desde el día siguiente a la reelección de Dilma hasta el 12 de mayo, cuando el Senado apartó a la Presidenta de su mandato, el diario Folha de Sao Paulo, el más grande del país, citó la palabra impeachment en 1987 páginas. Fue casi el doble de exposición en comparación con el primer proceso de impeachment de América Latina. Desde enero de 1991 hasta el 29 de diciembre de 1992, fecha de la renuncia del expresidente Fernando Collor, fueron 1002 menciones de la palabra impeachment en las páginas de ese diario.

La operación Lava Jato se convirtió en la pauta única y obstinada de las noticias políticas. La llamada República de Curitiba, capital paranaense donde están los equipos de investigación de la Lava Jato, ganó notoriedad nacional con la visibilidad mediática que conquistaron. El periodismo investigativo se ha convertido en mero periodismo de investigaciones prefabricadas. Los reportajes son fruto mayormente de un proceso de derramamiento selectivo de noticias que proviene de las fuentes policiales, del Poder Judicial o del Ministerio Público.

Pero después de más de un año, desde su reelección, el ritmo de la cobertura sobre “la corrupción”, naturalmente, empezaba a perder fuerza a medida que nada parecía perjudicar seriamente a la Presidenta, quien nunca fue efectivamente involucrada en ninguna denuncia. En un momento dado, el foco de las atenciones se volcó contra Lula, el expresidente que amenazaba poner su bloque en la calle para disputar la sucesión de Dilma en 2018. Esto volvió a incitar la furia de la prensa que inició una campaña persecutoria contra Lula, incluyendo denuncias ridículas como la compra de barquitos con pedales de uso doméstico y un bote de chapa para pescar, pagado supuestamente por empresas constructoras interesadas en obtener favores.

El 3 de marzo la revista Istoé publica una nota de tapa con la delación premiada de un exsenador de PT, Delcídio do Amaral. En el texto, que reproducía parte de esa denuncia, Dilma y Lula eran citados como permisivos con la corrupción en la empresa petrolífera estatal. Fue suficiente para que el cerco jurídico-mediático se encaminara en dirección a la prisión del expresidente. Al día siguiente, el juez federal Sérgio Moro ordena la “conducción coercitiva” de Lula, que en la narrativa de la prensa ganó contornos de un arresto con derecho a helicópteros y transmisión en vivo. En la práctica, el Estado democrático de derecho fue interrumpido enesa fechaen Brasil. En la semana siguiente, Aécio Neves, líder opositor que jamás aceptó el resultado de las urnas, aparecía también en el contexto de la delación de Delcídio do Amaral, pero la prensa no le daría ninguna relevancia a ese hecho.

Ante el cerco jurídico-mediático en torno al expresidente, Dilma invita a Lula para ser su ministro jefe de gabinete, lo que moviliza al juez Moro a hacer público, el día 16 de marzo, audios en los que los dos líderes petistas conversan entre sí. Pese a la evidente ilegalidad de esa difusión, ya que un presidente de la República no puede tener sus conversaciones grabadas –mucho menos difundidas en noticieros televisivos e internet– sin autorización formal del STF, la divulgación de los audios incendia Brasil. Esa misma noche el “Jornal Nacional”, el noticiero televisivo de mayor audiencia, convoca a las personas a ir a la Avenida Paulista, principal vía de protestas de la ciudad. La narrativa del impeachment ganó la musculatura y la energía que faltaban. La “voz de las calles” estaba de vuelta y clamaba por la caída de Dilma.

El PT, los partidos de izquierda y los movimientos sociales no fueron capaces de crear, incluso en tiempos de redes sociales, una narrativa alternativa a la del golpe en curso. Yel golpe se tornó realmente viable cuando el PMDB, que le había dado a Dilma la gobernabilidad necesaria en el presidencialismo de coalición para su primer mandato, decidió abandonar el gobierno y marchar junto a la oposición por el impeachment. La cobertura mediática se unió en torno de las figuras de Michel Temer, el vicepresidente, y de Eduardo Cunha, el entonces presidente de la Cámara baja. En una u otra ocasión, los medios de comunicación abrieron espacio para que las críticas a la conducción del proceso de impeachment fueran hechas, pero siempre de forma controlada y a cuentagotas.

En algunas ocasiones durante este proceso el STF fue llamado para hacer su parte. Sin embargo, lo hizo tan solo para travestir de una supuesta legalidad al golpe. Los ministros del Tribunal Supremo decidieron que el impeachment sería legal para todos los propósitos si se respetaba el proceso. En la práctica, abandonaron a Dilma a su propia suerte, quien se vio en la imposible tarea de mantener su base de apoyo en medio del bombardeo que sufría por todos lados, inclusive de sus aliados y de su partido. La formalización del impeachment en el Congreso fue apenas una puesta en escena protocolar. Dilma fue condenada el día que perdió apoyo de un tercio de la Cámara baja y un tercio del Senado.

El economista Luiz Carlos Bresser-Pereira, exministro del expresidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB), resumió la farsa burlesca del golpe en un post de de Facebook [3]: “Aécio Neves, Eduardo Cunha y Michel Temer, PSDB y PMDB, la derecha y la clase media tradicional vencieron. Paralizaron Brasil, desestabilizaron la democracia, dejaron al país sujeto a crisis políticas cuando la popularidad del Presidente de la República cae, cambiaron el pacto por la lucha de clases, pero saciaron su deseo de poder. ¡Qué desastre, qué locura, qué irresponsabilidad!”

Las motivaciones para el comportamiento de la prensa brasileña en el juicio político de Dilma es algo que sólo el tiempo podrá elucidar. El deber para con los hechos, el compromiso con la verdad, la imparcialidad periodística, todo eso dejó de ser prioridad en la actualidad. Es un hecho que el clima beligerante en la sociedad en ningún momento encontró en el periodismo, de derecha, de izquierda y de centro, la fuerza capaz de apaciguar los ánimos. Y eso acabó por repercutir negativamente hasta en la propia prensa. La actitud de los principales medios de comunicación de enfocar únicamente los errores del PT, ignorando informaciones que muchos lectores consideran relevante, creó la percepción de que ellos ya no eran confiables. Inclusive grupos de derecha dirigieron su ira contra los principales medios de comunicación, incluyendo la TV Globo y los diarios Folha y Estado de São Paulo.

En un país en el cual el periodismo deja de ser referencia, prevalece el vale-todo. Un análisis de un grupo de estudio de la Universidad de São Paulo reveló que en el día de la apertura del impeachment en la Cámara baja dos de los textos más compartidos en las redes sociales eran rumores. Uno decía que las Fuerzas Armadas planeaban tomar el poder y el otro que Dilma estaba deprimida y en estado de shock. La clásica frase “en la guerra, la primera víctima es la verdad”, de autoría dudosa, encaja perfectamente en la guerra mediática entre los grupos a favor y en contra de los gobiernos del PT. En Brasil, la verdad está suspendida hasta nuevo aviso.

*Periodista y Profesor de Periodismo en la Facultad Cásper Líbero. Doctorando en Ciencias de la Comunicación en la Universidad de São Paulo. Autor por más de dos décadas en los principales medios de comunicación brasileños (Folha de S. Paulo, Estado de S.Paulo y Revista Veja).

Notas al pie:

[1] http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2013/06/dilma-anuncia-cinco-medidas-em-resposta-manifestacoes.html

[2] http://arte.folha.uol.com.br/poder/operacao-lava-jato/#capitulo1

[3] https://www.facebook.com/bresserpereira/posts/1120953291279854

Traducción: Nicholas Rauschenberg

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