La derecha y sus operaciones judiciales ponen en riesgo la democracia

Por Leopoldo Moreau *

El dirigente radical analiza las deformaciones que la politización de la justicia y la judicialización de la política traen aparejadas en la coyuntura argentina, procesos que a la vez se insertan en una matriz continental que apunta a debilitar a los movimientos populares.

Mucho se ha escrito y dicho sobre las deformaciones que traen aparejadas la politización de la justicia y la judicialización de la política. Pues bien, en este último tiempo, en Argentina y en otros países de América latina, sufrimos los dos males simultáneamente con el añadido de la extorsión mediática que algunos ejercitan sobre los actores de esta tragedia. A esta altura desentrañar la madeja judicial, que en el caso de nuestro país se armó desde que medios hegemónicos, con la complicidad de algunos jueces y fiscales, decidieron iniciar una cacería contra Cristina Kirchner para intentar demoler su liderazgo, no sólo resulta una tarea casi imposible sino que, por momentos, presenta aristas rayanas a la comicidad y el ridículo.

Tanto es así que si no fuera porque este afán persecutorio se origina en poderes fácticos de adentro y de afuera, fiscales abiertamente derechistas y algunos jueces venales, el escenario podría ser calificado simplemente como payasesco. Pero no lo es. Precisamente porque se trata de una acción política que responde a una matriz continental empujada por aquellos que, a toda costa, quieren destruir los movimientos populares para restablecer las reglas de juego que en el pasado solían apuntalar las dictaduras militares, particularmente respecto a la distribución del ingreso. Se ha vuelto moneda corriente el armado de causas, e incluso, la manipulación de pruebas tanto en organismos oficiales como en los órganos judiciales, los que, supuestamente, deberían actuar con independencia.

Ya son muchos los ciudadanos que se preguntan qué garantías procesales puede haber cuando alguno de estos elementos probatorios caen en manos de fiscales que están en connivencia con los denunciantes con quienes comparten los mismos objetivos políticos. O qué objetividad pueden exhibir algunos jueces o fiscales que diariamente se comunican con periodistas para realimentar operaciones mediáticas contra sus blancos.

Son innumerables los ejemplos que podríamos traer a colación para demostrar hasta qué punto ese entramado, que ya no causa rubor calificarlo como mafioso, ha tomado para sí la tarea de chantajear al sistema político, pero en particular a las expresiones más genuinas del movimiento nacional, popular y democrático. Pero en honor a la brevedad, vamos a poner sólo dos ejemplos. Uno de ellos nos lleva a recordar que la causa sobre la muerte del ex fiscal Alberto Nisman fue traspasada, arbitraria y sorpresivamente, de un fuero a otro por una jueza que en sus ratos libres ejercitaba el deporte de escribir tuits insultantes contra la Presidenta que entonces estaba en el ejercicio de su cargo. La jueza Fabiana Palmaghini fundamentó su insólita decisión en un “chimento” de un ex agente de un servicio de información. Obviamente esto fue corregido por los tribunales superiores, pero es demostrativo de que el enchastre en la justicia supera la imaginación más frondosa. Veamos otro ejemplo. El juez Claudio Bonadío lleva adelante una insólita causa por la venta de dólares a futuro en la que tiene imputados, entre otros, a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y al ex ministro de Economía, Axel Kicillof. Debemos ser el único país de la tierra donde se tramita en sede judicial una causa contra la política cambiaria. Esta tragicomedia con el paso del tiempo desembocó en que el propio Bonadío terminó siendo imputado junto con el actual vicejefe de Gabinete y el titular del Banco Central por la misma operatoria. Con una divergencia sustancial: a diferencia de la causa original, que no tiene pies ni cabeza, en la causa en la que está implicado el magistrado casi no hay dudas de que se incurrió en el delito de “uso de información privilegiada”, habida cuenta de que uno de los implicados, precisamente el vicejefe de Gabinete, no sólo compró dólares a futuro por una suma cercana a doce millones de esa moneda sino que además habría participado de la reunión donde se estableció el precio de corte que iba a tener el dólar con la asunción del nuevo gobierno. Pero lo más desopilante es que el juez que calificó de delito lo que no es, cuando el Presidente del Banco Central le requirió qué debía hacerse con esas operaciones, contestó lo más campante: que se pague, teóricamente, perfeccionando él mismo, el supuesto delito.


«Ya son muchos los ciudadanos que se preguntan qué garantías procesales puede haber cuando alguno de estos elementos probatorios caen en manos de fiscales que están en connivencia con los denunciantes con quienes comparten los mismos objetivos políticos.»

Quien tal vez mejor haya descripto esta desesperación de los poderes corporativos por llevar la política al barro haya sido el fiscal Jorge Di Lello cuando sostuvo: “Hay sobredosis de Comodoro Py”. Una frase que después repetiría el ministro de Justicia, Germán Garavano, seguramente porque advierte que a este ritmo antes de fin de año va a haber muchos más funcionarios del actual gobierno imputados que del gobierno anterior. El mencionado fiscal Di Lello arriesgó otro pronóstico: “Vamos hacia un suicidio colectivo”. Es de esperar que no acierte, porque en realidad lo que se ve afectado por esta articulación entre poderes fácticos, medios hegemónicos y una pata del Poder Judicial es, nada más y nada menos, que la paz, la institucionalidad, en definitiva, la democracia, valores que la derecha económica y política generalmente pisoteó cuando convenía a sus intereses, pero que la sociedad debe custodiar precisamente por lo contrario.


«Debemos ser el único país de la tierra donde se tramita en sede judicial una causa contra la política cambiaria.»

*Dirigente del Movimiento Nacional Alfonsinista (MNA).

LinkedInFacebookTwitterEmailFlipboardGoogle+