Nos va la vida

Por José Massoni

   Por razones de historia laboral, en ocasiones se me pide opinión sobre episodios coyunturales en problemas esenciales del devenir sociopolítico argentino reciente, con referencia a su significación jurídica y su tratamiento por los operadores judiciales. Mis respuestas muestran el común denominador de provocar la pregunta ¿y entonces cómo se arregla esto?

  Tres ejemplos entre decenas, tomados al azar de diversas ramas del derecho, para explicar el interrogante.

   Uno: la Suprema Corte de Justicia, por el voto de dos miembros nuevos que con médula jurídica insólita aceptaron ese cargo cuando se les confirió por decreto presidencial –ambos jóvenes, con muchos años garantizados en sus sillones- y una tercera jueza que continúa de modo inconstitucional por decisión de un inferior jerárquico suyo y la complicidad de aquel mismo poder ejecutivo el 14 de febrero de 2017, contrariando frontalmente nuestras reglas institucionales básicas, “desengancharon” a la Argentina del sistema internacional de derechos humanos, con lo cual éstos quedan a merced de quien los viole internamente (causa Fontevecchia). ¿Solución? Ninguna, porque lo decidió el supremo tribunal interno, adonde volvería a pasar cualquier intento de remedio.

   Dos: un respetado periodista argentino, de larga e intachable trayectoria, de orgulloso origen judío, expresó su opinión crítica sobre la política del gobierno israelí con respecto al pueblo palestino, lo que motivó que un dirigente social del sector de la derecha de esa comunidad lo tratara públicamente de “kapo”, injuria máxima pues en los campos de concentración nazis era el título de los judíos que por ventajas personales trabajaban como ayudantes de los SS. El agraviado demandó y ganó un juicio en primera instancia, pero la cámara, sin fundarlo, revocó la sentencia e hizo perder el litigio al cruelmente ofendido. ¿Solución? Ninguna, es sentencia definitiva e imaginar recurrir a la CSJN es un delirio.

   Tres, hipotético: los tamberos reciben 16 centavos por litro de leche, que los consumidores deben pagar $24 en las góndolas. Si un gobierno –no éste, obvio- pretendiera intervenir en la inescrutable formación de la “cadena de valor” (en el caso, cadena de saqueo), la “justicia” lo detendría al instante, haciendo lugar jolgoriosamente a amparos sostenidos por la concepción de la propiedad privada que permite la Constitución Nacional, que no muestra ni atisbos de interés por una función social del dominio. ¿Solución jurídica? Obviamente, ninguna.

    Es patente que la solución es de honda política. Sin embargo, una derrota electoral que muestre un rechazo a la situación actual es tan imperiosa como manifiestamente insuficiente. La experiencia de los últimos dos años ha demostrado la extrema dificultad y fragilidad de las reparaciones y cambios que intentaran abordarse luego de una elección favorable a políticas de soberanía, justicia y libertad: está a la vista que en cortísimo lapso importantes conquistas democráticas y populares han sido jurídicamente anuladas. Y para los tres ejemplos como los de más arriba (y miles de otros) no habría remedio.

    La experiencia acumulada, dolorosa, es honda y fecunda. El “mejor equipo de los últimos cincuenta años” hizo evidente que nuestra Constitución atrasa. El actual gobierno de modo constante viola principios esenciales de un país independiente constituido como república democrática. Pero a menudo lo hace aprovechando maliciosamente debilidades del texto constitucional vigente. No es el primero, pero como corresponde al momento del neoliberalismo mundial, nunca hubo “un equipo”, una banda, que actuara con tanta perversidad contra el pueblo de la patria y contra esta misma aprovechando los intersticios de una institucionalidad obsoleta, poniendo al desnudo esta condición.

    Atrasa, por empezar, por su concepción del derecho de propiedad, sobre el que hasta la doctrina católica es más avanzada desde el siglo XIX; más aún lo era nuestro texto de 1949, eliminado por un bando militar. La reforma constitucional de 1994 amplió una serie de derechos ciudadanos, pero perduran como  esencia vigente las categorías de 1853, en un mundo absolutamente distinto. Tanto, como que hasta el capitalismo productivo de “libre competencia”  ha sido barrido por una maquinaria de acumulación financiera, parasitaria y corrupta, que acapara sin freno para un centésimo de la humanidad, y más concentradamente todavía, para un milésimo de los hombres del planeta. Sabemos de eso: nuestro gobierno y sedicentes opositores –con lugar indeleble en la memoria histórica- se rindieron sin condiciones ante los fondos buitres internacionales en abril de 2016.

   Dada la institucionalidad vigente y retomando el tema inicial, ¿Es imaginable una política democrática, en beneficio de las mayorías populares, nacionalmente independiente, que revierta los destrozos ocasionados al país en los últimos dos años, contando con el Poder Judicial actual, siendo que es constitucionalmente válido y perdurará con su organización,  sus integrantes y su modo de elección?  Contestar que sí es un evidente dislate. Antes de lo que imagina el mundo de los políticos, el pueblo argentino se encontrará con la necesidad ineludible de dictar una nueva Constitución Nacional. Para que, por ejemplo, rediseñe una nueva administración de justicia, realmente independiente de los intereses y poderes de toda índole y al servicio “de asegurar el bienestar general”, como reclama el actual preámbulo.

Debe ser, manifiestamente, solo uno de los objetivos que deberá plasmar como normas fundamentales.

     Aunque sea en tiempos paralelos no coincidentes con los electorales, no es extemporáneo y sí previsor, convocar ya a un amplio debate para el diseño de una nueva Constitución: una amenaza vital se cierne sobre nuestro pueblo, las instituciones que lo sirvan y la soberanía nacional. Nuestro drama supera ampliamente a un episodio electoral o un gobierno distinto al actual. Debe construirse una estructura jurídica basal que sea sostén eficaz de una transformación democrática, patriótica y de justicia social, que articule una garantía de estabilidad de los logros populares, que tal como estamos y se ha comprobado dramáticamente, con la organización vigente pueden ser barridos a pesar de las resistencias que de hecho que se opongan.

      Esa nueva carta fundamental –solo a modo de ejemplos- deberá fulminar limitaciones al ejercicio de soberanía o delegación de diseño y ejecución de políticas económicas y sociales; hacer inadmisible el colonialismo bajo cualquier forma, y la injerencia de organismos supranacionales que afecten la autodeterminación popular; consagrar que la propiedad de los medios de producción tendrá función social y estará obligada a funcionar para el bien común; que los recursos y riquezas naturales del territorio argentino y su mar territorial sean titularidad exclusiva del pueblo de la Nación; el régimen económico obligadamente  contribuyente a la soberanía económica y  con principal objetivo el bienestar social; que la previsión social sea solidaria y sus fondos imposibilitados de utilización especulativa financiera; que el Estado tenga como objetivo estratégico propio impulsar la ciencia y la tecnología para responder a las necesidades de investigación y desarrollo del país; el derecho a la salud garantizado por una política estatal omnicomprensiva de toda su problemática, el manejo soberano de las patentes farmacéuticas, y sistemas solidarios de salud ajenos al lucro fijado por el mercado; la educación asegurada para todos los habitantes, durante toda la vida; las empresas extranjeras constreñidas a actuar bajo el régimen de la legislación argentina; inexistencia de tratados que cedan jurisdicción nacional en controversias contractuales entre el Estado y personas naturales o  jurídicas privadas; preservación del ambiente y ecosistemas, donde la biodiversidad y la vida humana tendrán prioridad absoluta sobre cualquier derecho individual que pretenda contradecirla; deberá imponer una profunda transformación del Poder Judicial que garantice la aplicación de los derechos que la Constitución consagre, y la erradicación de todo privilegio a sus integrantes.

    Para esta empresa trazada en mero vislumbre, intelectuales de variadas ramas reunidos en el Foro para una Nueva Constitución1 -con aspectos organizativos ya fijados y puestos en acción- a modo de inicio ha presentado a la sociedad, poniéndola a su consideración, un documento que expresa  supuestos básicos para una nueva carta magna, con enunciación de las funciones del Estado y fines últimos. Por cierto que con la certeza de que la participación contribuyente de sectores políticos, organizaciones sindicales, territoriales, universitarias, científico-técnicas, culturales y sociales es la que debe protagonizar la elaboración, en organizada confluencia, de su imprescindible proyecto de nueva Constitución.

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  1. foroparaunanuevaconstitucion@gmail.com
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