Para la recomposición de una opción progresista

Por Carlos Ominami *

El ex Senador chileno hace un balance de los gobiernos progresistas de América del Sur y América Central durante la década pasada a partir de sus realizaciones y pasivos, y plantea algunos desafíos hacia el futuro, fundamentalmente en torno a la reforma del régimen político.

La primera década de los 2000 vio expandirse por América del Sur, y en menor medida América Central, una ola que permitió la emergencia de un conjunto de gobiernos de corte progresista. Incluyo en esta categoría a los gobiernos de Chávez, Lagos, Kirchner, Correa, Morales, Mujica, Lula y Bachelet; y Funes y Ortega en América Central. La definición no es, por cierto, rigurosa. Más de una objeción podría hacerse a este listado. Esos gobiernos tienen sin embargo algo fundamental en común: accedieron al poder por la vía democrática y pusieron en práctica, muy especialmente, reformas orientadas por un principio de inclusión social.

El balance de estos gobiernos muestra importantes realizaciones. Más aún, durante esos años la región conoció lo que en estricto rigor puede caracterizarse como una década dorada. En efecto, se generaron procesos que condujeron a resultados nunca antes vistos. En un continente históricamente dominado por las dictaduras, se consolidaron sistemas democráticos. Se puede discutir y mucho sobre la calidad de esas democracias. Pero es enteramente destacable que de excepción, la democracia se ha convertido en la regla.


«En un continente históricamente dominado por las dictaduras, se consolidaron sistemas democráticos. Se puede discutir y mucho sobre la calidad de esas democracias. Pero es enteramente destacable que de excepción, la democracia se ha convertido en la regla.»

Al mismo tiempo, la gran mayoría de los países registró tasas de crecimientos que dejaron atrás, en algunos casos, décadas de estancamiento. La inflación, característica muy típica, casi idiosincrática, de las economías latinoamericanas fue controlada. Se generalizaron inflaciones de un dígito, fenómeno enteramente nuevo en la mayoría de nuestros países. Todavía en el campo económico las cuentas fiscales se ordenaron. Los tradicionales déficits fueron reemplazados por una disciplina fiscal que condujo a posiciones de mucho mayor equilibrio. Por otra parte, varios países consiguieron abrir paso a procesos de desendeudamiento externo, transformándose incluso en acreedores netos del resto del mundo. Para un continente famoso por la recurrencia de crisis de deuda externa, se trató de una evolución radicalmente nueva.

Pero fue sobre todo en el plano social en el que los logros resultaron ser especialmente significativos. La pobreza, lacra histórica de América Latina, se redujo drásticamente, aunque no así las desigualdades –quese mantuvieron relativamente inalteradas–. Se calcula que alrededor de 70 millones de personas salieron de la condición de pobreza. De ese total, al menos 40 millones de brasileños lo lograron como producto de los programas sociales llevados a la práctica bajo los dos períodos de Lula.


«Estos progresos no se sustentaron en una base institucional y productiva sólida. Su respaldo social quedó subordinado a la popularidad de líderes carismáticos prácticamente insustituibles. Las reformas políticas, incluidas las nuevas Constituciones, no lograron generar sistemas políticos con mayor adhesión ciudadana.»

Sin embargo, estos progresos no se sustentaron en una base institucional y productiva sólida. Su respaldo social quedó subordinado a la popularidad de líderes carismáticos prácticamente insustituibles. Las reformas políticas, incluidas las nuevas constituciones, no lograron generar sistemas políticos con mayor adhesión ciudadana. En Brasil, el país más importante de la región, sobrevivió un sistema político que Lula calificó alguna vez de indecente. Los resultados de su funcionamiento han quedado dramáticamente demostrados a propósito del impeachment actualmente en trámite contra la Presidenta Dilma Rousseff.

En el terreno económico, se ignoraron todas las lecciones archiconocidas del pasado. En vez de diversificarse, las exportaciones se concentraron en un número muy reducido de materias primas. La soja, el petróleo y el cobre fueron los grandes protagonistas del boom de los commodities. Como herencia de esos años, tenemos en la actualidad economías reprimarizadas que sufren brutalmente el impacto de la desaceleración de la economía china. Y por otra parte, la explotación intensiva y extensiva de estos recursos generó importantes pasivos ambientales.

Esta tendencia a una especialización internacional primario exportadora se verificó incluso en un país como Brasil que, por tradición y doctrina, había hecho de la industrialización la viga maestra de su desarrollo.


«Así como las realizaciones de estos gobiernos son sustantivas, sus pasivos son también considerables. Se pueden sintetizar en: sistemas políticos degradados, economías reprimarizadas y una región crecientemente desintegrada.»

Este tipo de especialización condujo a la mayoría de nuestros países a integrarse de manera creciente con los centros dominantes de la economía mundial, comenzando por China. Para varios países de la región, China se transformó en el principal mercado de exportación. La contrapartida fue la regresión del proceso de integración regional. Más allá de la retórica integracionista de los gobiernos progresistas, la parte del comercio intrarregional, en el total, es en la actualidad menor que a comienzos de la pasada década.

Así como las realizaciones de estos gobiernos son sustantivas, sus pasivos son también considerables. Se pueden sintetizar en: sistemas políticos degradados, economías reprimarizadas y una región crecientemente desintegrada.

Es en este cuadro que se asiste en el último tiempo a una ofensiva conservadora de enorme amplitud y extrema virulencia. Su objetivo es claro: derrotar ideológica, cultural y políticamente la idea de que en nuestros países son posibles reformas profundas. No se trata en consecuencia sólo de derrotar electoralmente a uno u otro gobierno. El proyecto es más ambicioso: garantizar la sobrevivencia del orden que consagra sus privilegios.


«Se asiste en el último tiempo a una ofensiva conservadora de enorme amplitud y extrema virulencia. Su objetivo es claro: derrotar ideológica, cultural y políticamente la idea de que en nuestros países son posibles reformas profundas. No se trata en consecuencia sólo de derrotar electoralmente a uno u otro gobierno. El proyecto es más ambicioso: garantizar la sobrevivencia del orden que consagra sus privilegios.»

La estrategia para lograr ese objetivo es la deslegitimación de la política y los políticos. Sistemas políticos sin respaldo ciudadano, funcionando con muy baja intensidad democrática pierden toda capacidad de transformación. A los poderosos eso no los molesta. La prédica en contra de la política es la estrategia favorita de quienes buscan bloquear las transformaciones estructurales.

Los principales impulsores de esta estratega son, principalmente, los grandes medios de comunicación. Argentina es un muy buen ejemplo con el diario Clarín, pieza clave de la ofensiva anti K. Los medios son fundamentales, pero evidentemente no son los únicos actores. En la práctica, lo que opera es un triángulo constituido por redes sociales, medios y fiscales transformados en los actores principales de lo que se ha dado en el llamar “populismo jurídico” [1]. Estos actores interactúan todos entre sí. Así por ejemplo, los fiscales filtran información, verdadera o falsa, los medios las publican y las redes sociales amplifican su difusión. En realidad el circuito opera teniendo como punto de partida cualquiera de los tres vértices (medios, redes sociales y fiscales), pero el resultado es siempre el mismo: el desprestigio de la política.

Bases para una salida

En primer lugar, las fuerzas progresistas deben hacerse cargo del severo deterioro de la calidad de la política. Vasto programa que debe tener al menos un componente fundamental: el cambio de régimen político. Los procesos construidos sobre liderazgos mesiánicos son altamente vulnerables. Lo estamos viendo con especial dramatismo en Venezuela. La transición hacia regímenes de tipo semipresidencial puede permitir avanzar hacia la constitución de colectivos de dirección más eficientes, transparentes y flexibles. Eficientes porque las decisiones adoptadas en equipo tienen menos margen de error que las decisiones de corte individual. Y también porque un régimen de ese tipo asegura una relación muchos más fluida entre Gobierno y Parlamento, reduciendo las posibilidades de bloqueo y parálisis. Más transparente, porque en un régimen de este tipo distintas personalidades conocidas por la ciudadanía pueden adoptar diversas decisiones. En un régimen presidencial se alimenta, por el contrario, la ilusión de que es el Jefe de Estado el que adopta todas las decisiones sin que se transparenten las identidades de sus verdaderos impulsores los que actúan “por orden del Presidente” y se mantienen en un cierto anonimato. Y se trata también de un régimen más flexible por cuanto el Primer Ministro se mantiene como tal en la medida en que cuenta con el respaldo de la mayoría parlamentaria. Si la pierde, cae él sin arrastrar a la figura presidencial. La caída de un Primer Ministro es parte de las reglas del juego. No representa una ruptura institucional como la caída de un Presidente. Si en Brasil existiese un régimen semipresidencialista, la crisis política no habría tenido los alcances generados por el proceso de impeachment.


«La transición hacia regímenes de tipo semipresidencial puede permitir avanzar hacia la constitución de colectivos de dirección más eficientes, transparentes y flexibles.»

En el ámbito económico, es preciso superar la creencia ingenua que los mecanismos de mercado, operando en un cuadro macro estable, pueden por sí solos generar estructuras productivas susceptibles de asegura un desarrollo sostenido. Es fundamental recuperar nociones como estrategia de desarrollo, política industrial y prospectiva estratégica.

En fin, hay que identificar nuevas formas de reimpulsar el proceso de integración regional. Es cierto, se trata de una muy vieja aspiración que ha conducido a más frustraciones que a realizaciones de envergadura. No por ello sigue siendo una condición indispensable del desarrollo de nuestros países. La integración de la región es en la actualidad especialmente apremiante. Grandes maniobras estratégicas como el TPP (Trans-Pacific Partnership), el TPIP (Trans-AtlanticTrade and Investment Partnership) y el RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) están configurando un mundo nuevo en el cual, sin integración efectiva, nos condenaremos irremediablemente a “cien años de soledad”.

*Economista, ex Senador de Chile.

Notas al pie:

[1] Populismo judicial, José Natanson, Le Monde Diplomatique, Edición Nro 203 – Mayo de 2016.

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