Por un antagonismo de coherencia extrema

Por Ariel Colombo *

El autor analiza el fenómeno disruptivo de la “desobediencia civil” en consonancia con los sucesos políticos nacionales de los últimos meses, que no escapa al debate de fondo entre la naturaleza procedimental y directa de la desobediencia en relación a las normas del derecho positivo liberal.

Durante las últimas semanas el oficialismo y la derecha argentina han descalificado a la oposición, reactivada socialmente ante las políticas de destrucción ultraliberal y por el regreso político de Cristina Kirchner, en términos de “desestabilización subversiva”. Sucesivos intentos de protesta, pese a que ponen en práctica derechos institucionalmente admitidos en cualquier régimen liberal representativo, son recusados como ilegítimos o deslegitimantes y en este contexto parece necesario deslindar, otra vez, los requisitos de la desobediencia civil de otros tipos de acción. No porque algunas de las variantes de la oposición real hayan asumido las características que la definen sino porque deberían hacerlo, al menos si su pretensión es recrear las condiciones para un nuevo ciclo de democratización de la sociedad y del Estado y para que no sea confundida ni con una modalidad de protesta ni tampoco con una práctica antidemocrática.

En la madrugada del 11 de agosto de 1994, Néstor Kirchner hizo en la Convención Constituyente el más duro cuestionamiento al sistema de decisiones vigentes, hasta el punto de ser aplaudido de pie por los convencionales del Frente Grande e invitado a integrarse inmediatamente a este bloque. Pero para poner en marcha otra política nacional debió esperar más de diez años y hacerlo con un insignificante apoyo electoral. El período durante el cual eso fue posible no fue construido por la oposición partidaria o parlamentaria o sindical sino por disrupciones populares, desde el primer Cutralcazo hasta las puebladas de diciembre de 2001, que en lugar de quebrar el orden constitucional convencieron a una parte del sistema de que debían legitimarlos potenciales políticos de los fragmentos de lucha que se expusieron a la represión a lo largo de un proceso de resistencia intermitente. Fue precisamente el kirchnerismo la fracción que, en una torsión inesperada, estableció una multiplicidad de puentes y lazos con la rebeldía emergente en la que depositó su confianza. Hoy la derecha intuye acertadamente que el kirchnerismo volverá a reconocerle validez. Algunos resplandores, como la huelga de hambre de Milagro Sala y de sus compañeras o la negativa de Hebe de presentarse ante el juez o el rechazo al tarifazo, han encontrado en Cristina la predisposición política para su legitimación. No por casualidad en estos momentos es presentada una denuncia por “sedición” contra la ex presidenta.

1. La política sistémica se encauza a través de un conjunto de dispositivos como la competencia entre partidos, la formación parlamentaria de las leyes, la división vertical y horizontal de poderes, el derecho de huelga, la independencia de los jueces, los derechos y garantías individuales. Se trata del régimen liberal representativo por medio del cual el capitalismo se autogobierna y consiste en la aplicación de un principio de justicia instrumental según el cual la soberanía popular como procedimiento es subordinada a materias o contenidos prepolíticos y predemocráticos que quedan fuera de su alcance y que no puede alterar por ley. Las decisiones resultarán legítimas en tanto observen estos límites, habitualmente consagrados dogmáticamente en la primera parte de las Constituciones que anteponen materias (propiedad privada, libre mercado, sostenimiento del culto católico, la representación como mecanismo excluyente, etc.) a procedimientos que, consecuentemente, pasan a funcionar como instrumentos. Por eso las decisiones públicas más relevantes de todas, como las de inversión, son adoptadas privadamente y por eso en estos regímenes, abusivamente denominados “democráticos”, si existe la alternancia es solo entre opciones que no son alternativas y que si se convierten en alternativas reales o son impugnadas institucionalmente con diversas excusas (los llamados “golpes blandos”) o simplemente la alternancia es impedida por la fuerza (los golpes de Estado tradicionales). La política sistémica, toda política de derechas lo es, no tiene su fuente en lo político; surge y crece parasitariamente sobre un espacio residual antes conquistado por políticas emancipatorias que han sido derrotadas o por revoluciones colapsadas o por la implosión de procesos de democratización. Todo sistema, como mecanismo intencional que se nutre de la declinación de una voluntad política conscientemente orientada, es un mecanismo autómata o de “mano invisible” que busca su autolegitimación y autoperpetuación a través de la adaptación preventiva de todo tipo de reacciones.


«La política sistémica, toda política de derechas lo es, no tiene su fuente en lo político; surge y crece parasitariamente sobre un espacio residual antes conquistado por políticas emancipatorias que han sido derrotadas o por revoluciones colapsadas o por la implosión de procesos de democratización.»

Una política emancipatoria, al contrario, enraíza fuera de la lógica institucional y el movimiento popular que la expresa tiene siempre un pie dentro y otro fuera del sistema. El lenguaje de odio, inspirado desde los sectores dominantes, encuentra su fuente en esta doble pertenencia. Su inserción en las instituciones liberales introduce una conflictividad que a veces se torna inmanejable para sus líderes porque su fuerza no procede de los acuerdos partidarios o sociales, o de la “unidad” de sectores o tradiciones o identidades, o de la ocasional conjunción de diversas protestas. Tampoco de la relación de equivalencia que se establecería entre diversas demandas a raíz de una privación compartida hegemonizadas por una de ellas que define al enemigo común. Ni de la masividad que alcancen las luchas sociales o del frecuente hostigamiento callejero. Todas estas circunstancias modifican el tablero pero no cambian las reglas de juego. La fuerza de un proceso de transformación proviene de un antagonismo, como lo es el de la desobediencia civil, que no necesariamente es el recurso ante situaciones límite o desesperantes, sino que cuestiona ante todo la forma de tomar de decisiones y/o las reglas decisorias establecidas. Su argumento de fondo es procesal: si las decisiones se hubieran adoptado con otros procedimientos, más ajustados a reglas de justicia procesal perfecta, otra sería también la situación de los afectados o implicados por ella. Es decir, remite a un criterio de justicia inmaterial que interpela a la ley e incluso a la totalidad del orden constitucional. Si un régimen liberal juega con los naipes marcados y las distorsiones que en el diseño de una república introducen sus cláusulas predemocráticas, se avala cualquier estrago jurídico. ¿De qué otro modo se podría denunciar decisiones antidemocráticas pero legales cuando la legitimidad se funda exclusivamente en la legalidad formal? ¿Desde qué otra perspectiva se podría cuestionar la legalidad de los golpes de Estado como el que acaba de ocurrir en Brasil?


«La fuerza de un proceso de transformación proviene de un antagonismo, como lo es el de la desobediencia civil, que no necesariamente es el recurso ante situaciones límite o desesperantes, sino que cuestiona ante todo la forma de tomar de decisiones y/o las reglas decisorias establecidas.»

Si las decisiones son injustas es porque son adoptadas injustamente. La resistencia civil no propone soluciones sustantivas determinadas como aquello que sería bueno para mí o para nosotros según alguna concepción de bien teleológicamente orientada, sino que pone en evidencia que las reglas del sistema que han llevado a la actual situación de inequidad o de asimetrías son instrumentales y no procedimentales. Como acto de transgresión se vale de sus propias reglas inmanentes para exhibir que de haberse empleado un procedimiento más justo también hubiese sido otra la decisión. Su antítesis aberrante es la reciente conspiración de los “cooperativistas” bolivianos. Sin llegar ni aproximadamente a la forma de desobediencia civil, el freno al tarifazo infligido a la población argentina no provino de los argumentos de la sociedad movilizada contra la absurda transferencia de ingresos a las empresas sino indirectamente a través de acciones judiciales que cuestionan al gobierno haber obviado las audiencias públicas.

La relevancia de contar con una racionalidad no condicionada por cláusulas prepolíticas se muestra en el caso del pacifismo antinuclear británico de los años cincuenta, más exactamente a través de su fracción minoritaria. El gobierno resolvió fabricar armas atómicas e inmediatamente el movimiento adquirió fuerza logrando obstaculizar esa política de múltiples formas ilegales, a tal punto que la mitad del Comité de los 100 presidido por Bertrand Russell fue encarcelada. Quienes criticaron estos actos, y aún quienes adherían a la posición antinuclear pero sin participar en ellos, señalaron que los disidentes tenían todo el derecho a difundir sus ideas y de influir en la sociedad con el objeto de alcanzar una mayoría electoral, pero no el derecho de obstruir, ni siquiera pacíficamente, la política dictada por un gobierno electoralmente legítimo. La respuesta a la crítica se sostuvo en dos argumentos opuestos. Uno, “sustantivista” y mayoritario, postulaba que por encima aún de la voluntad de la mayoría legal existe el derecho a la vida que debía respetarse incondicionalmente y no arriesgarlo con armas que podían conducir al exterminio. Esta posición, enfrentaba la obvia objeción de que el derecho a la vida también era defendido por el gobierno, aunque fuese a través del “equilibrio disuasivo”, por lo cual debía extenderse retrucando que tal disuasión significaba estar dispuesto a usar las armas y que esta misma actitud ya ponía en peligro la paz. La discusión podía continuar al infinito o a un empate inconducente porque las reglas decisorias no aportan un corte no infundado o no arbitrario a tal regresión, que solo podía saldarse con una negociación entre partidos o por la parálisis de una polarización irreductible. No casualmente el laborismo cambió permanentemente de posición según le fuera adversa o no electoralmente.


«Sin llegar ni aproximadamente a la forma de desobediencia civil, el freno al tarifazo infligido a la población argentina no provino de los argumentos de la sociedad movilizada contra la absurda transferencia de ingresos a las empresas sino indirectamente a través de acciones judiciales que cuestionan al gobierno haber obviado las audiencias públicas.»

El otro argumento, “procesalista” y minoritario, sostuvo que la decisión del gobierno no era legítima porque en realidad ponía en ejecución una decisión tomada en 1947 por un gobierno que contaba con una mayoría diferente a la actual en una reunión secreta de gabinete sobre cuyo contenido no se había informado al Parlamento y menos aún a la sociedad, ni antes ni después de la misma. Consecuentemente, podía sostenerse que si se hubiese tenido oportunidad de deliberar de forma pública y abierta con la información necesaria otra hubiera sido la decisión, y ahora no deberían enfrentarse hechos consumados. También aducían que la fabricación de armas de ese tipo involucraba a un universo de afectados que trascendía los límites geográficos y éticos de la sociedad británica. La fuerza de este argumento consistía en que impugnaba las reglas vigentes y su uso en relación a principios de validez que en el acto mismo de resistencia los disidentes ya ponían en ejecución. En efecto, buscaban convertir en conflicto un problema que el sistema disimulaba como meramente técnico, obstruían al gobierno avisando a la policía de sus planes con antelación, ponían al oficialismo ante el dilema de reprimirlos o dejarlos actuar libremente, inscribían sus exigencias en un espacio público más amplio al preexistente al obligar a toda la sociedad a definirse en relación al problema, eludían un reconocimiento público más allá del agravio específico que los movilizaba y evitaron la representación porque les habría asignado el guión a seguir.

El problema con la desobediencia civil es que sus reglas inmanentes imponen exigencias prácticas difíciles de asumir a la vez. Es ilegal, transgrede efectivamente el orden constitucional, en parte o en su totalidad, pero carece de contenido o si lo tiene es secundario porque lo que impugna es la forma de tomar decisiones. Es recursiva, se aplica a sí misma reglas internas en base a las cuales cuestionará a las vigentes, siendo su congruencia con ellas la que coloca al poder en un dilema de hierro: o reprimirla injustificadamente o a retroceder para reconsiderar la situación. Es indeterminada, no propugna una política ni aspira al poder. Es pacífica, no se dirige contra la persona de los imputados ni afecta a terceros puesto que carga con todas las consecuencias punitivas de un acto por definición ilegal. Es personal, sus implicados exponen sus vidas, no sus organizaciones o sus identidades, y no admite mediadores ni tampoco convertirse en mediación. Es racional, atrae hacia sí la represión del sistema no por heroísmo sino porque se propone exhibir su arbitrariedad. Es desinteresada, carece de motivaciones o programas previos que defender y no convoca a la sociedad a un cambio de políticas que beneficie a sus involucrados. Es directa, no admite la delegación o la representación, descartando de antemano toda negociación o concesión. Es pública, en la doble perspectiva de poder demostrar, si se lo requiere, las razones para actuar de ese modo y de poner en discusión la agenda dominante. Es emplazante, obliga a la sociedad a tomar una posición y a darse un plazo para resolver el problema. Es prefigurativa, porque anticipa contrafácticamente en qué sentido deberían transformarse las reglas del sistema. Es reparadora, al producir el desescalamiento del daño concentrándolo en los propios rebeldes, e interfiere en la estructura de la reiteración.

2. La magnitud de los agravios contra los cuales se levantan las rebeliones no serviría para averiguar su “fuerza”. Resistir es sufrir la pérdida del contexto, una pérdida que deroga todos los esquemas de interpretación y que obliga a los rebeldes a descartar todo libreto previo. El rebelde queda sin habla porque no tiene nada que decir ante el exceso de violencia de la que es objeto, incluida la del lenguaje, y si usara el mismo lenguaje de odio en su defensa respondería con violencia a la violencia de la que forma parte como víctima. Si respondiera con las mismas armas no se trataría de una rebelión sino de una reacción reconocible e integrable, pasiva o represivamente, al sistema como parte que podría volver a encajar en el todo. El rebelde es cualquiera o nadie porque pasa a ser irreconocible. El reconocimiento, que siempre depende de los otros, es imposible en este caso porque no hay una fuerza ilocucionaria que corresponda a la indignación. No hay ningún acto de habla a la altura del sufrimiento por asimetrías injustas. La rebelión tampoco está presidida por creencias que hacen operativo al sistema y carece de una teoría de la historia. Por eso el rebelde será siempre un desconocido.


«Resistir es sufrir la pérdida del contexto, una pérdida que deroga todos los esquemas de interpretación y que obliga a los rebeldes a descartar todo libreto previo.»

La fuerza moral (que no ha de confundirse con la que pueda poseer una ética del bien o una teoría de la justicia material) que reúne la resistencia civil es la de lo político, pero no emerge del antagonismo como tal sino de la coherencia extrema con que se lo asume y protagoniza. Su radicalidad como ruptura incondicional y apertura ilimitada sería inicua sino no consistiera en la autoaplicación de las mismas reglas desde cuya perspectiva cuestiona al sistema. Es exclusivamente en base a tal congruencia que el disidente encarnará una legitimidad que no invocará el derecho natural o la metafísica o el derecho internacional o el interés de la clase obrera. Nada puede regular o positivizar sus reglas constitutivas, que establecen la primacía del procedimiento sobre el contenido en la adopción de la decisión y la prioridad de la participación de los que aún no son parte en el contenido de cualquier decisión, porque la desobediencia no depende de que sea autorizada. No hay que buscarle un fundamento porque es ella la que funciona como presupuesto práctico y como acontecimiento político fundante. Es contingente, pero cuando acontece sigue reglas necesarias, y es en relación a estas que una política emancipatoria adquiere autonomía frente al sistema. Es la coherencia con esas reglas de validez lo que convierte al antagonismo en una fuerza antiinstrumental. “Pueblo” es, precisamente, esta sujeción a reglas de validez en actos de rebeldía, independientemente de su masividad o de su composición o de su proyecto, es decir, una voluntad de autoafirmación realizativa cuya intencionalidad, identificable con la revalorización del futuro, se preserva a sí misma por medio de una coherencia pragmáticamente constatable que interfiere en la continuidad histórica.


«La fuerza moral (que no ha de confundirse con la que pueda poseer una ética del bien o una teoría de la justicia material) que reúne la resistencia civil es la de lo político, pero no emerge del antagonismo como tal sino de la coherencia extrema con que se lo asume y protagoniza.»

Esta ruptura que suspende el orden previo es asimilable a la capacidad de renunciar al presente por un futuro que sin embargo no es “uno” que se haya decidido. Es por esta capacidad de espera que los actos de rebelión minimizan hasta el lenguaje empleado porque el dolor es irrepresentable y porque el lenguaje cotidiano suele ser cómplice del victimario. El lenguaje puede ser portador de violencia, mientras que los rebeldes, si realizan actos de habla no hacen nada significativo con ellos y no será por sus palabras en todo caso que se volverán confiables. No tienen la obligación implícita de completar positivamente la emisión correspondiente. Si, por ejemplo, la amenaza o la promesa, lingüísticamente emitidas, y el acto con que se amenaza o con que se promete son distintos, en los actos de rebelión no hay tal escisión. La transgresión se inicia y se completa inmediatamente por medio de la coherencia con reglas que no sirven para hacer nada ni para decidir nada salvo para volver persistente o resistente a la rebelión resguardándola en la atemporalidad. Una amenaza o promesa pueden fracasar en su intento de producir el acto con el que se amenaza o se promete; en la rebelión el valor del futuro rompe con la repetición del futuro venidero como proyección inercial o tendencial del pasado histórico. La amenaza o la promesa afirman un futuro al cual pueden aproximarse por sí mismas produciendo sus efectos necesarios, y aquello que confiere eficacia a la amenaza o a la promesa será, precisamente, la presunción de que el acto de habla respectivo materializará acabadamente el acto con el que la palabra amenaza o promete, siendo esta la vulnerabilidad que, como apunta Judith Butler, pueden aprovechar sus interlocutores sea para evitar la ejecución de la amenaza, sea para reclamar la satisfacción de la promesa. Por el contrario, los rebeldes no anuncian ni anticipan nada y si fracasan es por incongruencia. Pueden ser masacrados, como los pacifistas de Ghandi, pero no tienen el deber de rendir cuentas, ni nadie el derecho a reclamárselas. Es su coherencia con reglas de justicia procesal, el último tribunal del derecho y de la política. No llegan por sí mismos al futuro que han revalorizado, salvo que una parte del sistema por confiar en ellos tome de ellos la autonomía para una política liberadora. No tienen que retroceder al plano argumentativo si han fracasado en sus formas de comunicación habitual. No reclaman nada para sí, no pretenden validez para una proposición determinada; simplemente encarnan la actualización de futuro que desestabiliza al presente histórico.


«[Los rebeldes] no reclaman nada para sí, no pretenden validez para una proposición determinada; simplemente encarnan la actualización de futuro que desestabiliza al presente histórico.»

A diferencia de los actos de habla, los de desobediencia civil ponen el cuerpo aun sin hacer uso de la palabra. Los disidentes actúan de tal forma que la fuerza de lo que trasmiten es independiente del contexto y sus convenciones. La fuerza de su confrontación es moral y surge exclusivamente de la coherencia (sobre la importancia de esto mismo en el caso de un grupo de luchadores a cargo del gobierno, véase la última parte de la entrevista de Martín Granovsky a Álvaro García Linera en Página 12, del 28-8-2016 [1]). Mientras los actos de habla tienen que estar en posición de que sus palabras sean consideradas vinculantes y evitar un performativo fallido, como por ejemplo prometer o amenazar sin que nadie nos tome en serio, al acto de rebelión no le importa si los demás entienden efectivamente lo que lleva a cabo o si lo toman seriamente o no. Y si la fuerza performativa de un enunciado depende del entorno del habla, la fuerza de los actos de rebelión transmiten una señal o significado sin que este sea su propósito. Su eficacia es moral y su universalismo sobrepasa las cualidades humanas del rebelde. Su rebelión es más que él mismo y por eso las rebeliones son reacciones que se han “descontrolado” desde la mirada del sistema, no obstante que sus consecuencias empiezan y terminan en la rebeldía misma. El lenguaje de odio, por el contrario, no empieza ni termina en el que odia, sino que deambula a través del elitismo o del racismo o del colonialismo o del capitalismo o del sexismo o del antiigualitarismo.

3. La desobediencia civil no es otra forma del anarquismo. No postula como inconciliables “autonomía” y “autoridad” sino que explicita el dictum roussoneano de que el pueblo que obedece la ley ha de ser su autor o, en otros términos, de que no hay autonomía privada sin autonomía pública. Tampoco es populista en el sentido propuesto por Ernesto Laclau; no articula un conjunto de demandas diferentes a través de una de ellas que se vacía tornándose hegemónica. Pero es popular porque representa una ruptura incondicionada y una apertura ilimitada y porque contiene el criterio que permite discriminar entre una política sistémica y una política emancipatoria. Un criterio “último” en el sentido que no podría fundamentarse sin petición de principio ni desconocerse sin autocontradicción pragmática, para decirlo en los términos en que define al principio del discurso Karl-Otto Apel. Esto es, se trata de un acto que no se funda más que en sí mismo y eludiendo limpiamente el decisionismo.


«A diferencia de los actos de habla, los de desobediencia civil ponen el cuerpo aun sin hacer uso de la palabra. Los disidentes actúan de tal forma que la fuerza de lo que trasmiten es independiente del contexto y sus convenciones.»

A la luz del derecho positivo es meramente una acción disolvente a castigar y es obvio que el liberalismo ha pretendido restringir la desobediencia civil al derecho a resistir la afectación de derechos individuales. En enfoques como los de Arendt, Rawls, Dworkin y otros parece ser que se justifica solo cuando la democracia interfiere con el liberalismo. En Jürgen Habermas se encuentra un razonamiento por el que la obediencia a la ley requiere de una justificación moral que no reside en los derechos individuales sino en un principio contrafáctico, interno al derecho constitucional, según el cual sólo serán válidas las normas que acordarían todos los posibles afectados por medio de un debate racional. Así, el disidente puede justificarse recurriendo a los mismos principios con los que se legitima la mayoría que dictó la ley cuestionada. No habría contradicción entre la norma dictada democráticamente y la acción que la desobedece porque ambas remiten a un fundamento común. Por eso, añade, la obediencia al derecho positivo no debe ser incondicional sino cualificada. Una minoría puede desobedecer a la mayoría si sus decisiones no resultan de un foro público de discusión abierta a la crítica, pero nunca debe ejercitarse fuera del ámbito constitucional ni aceptarse su uso revolucionario, que Habermas asimila al uso de la violencia. La desobediencia civil es una acción consciente, dice, contraria a la legalidad, que funciona como apelación al sentido de justicia de la mayoría, después de haber agotado las posibilidades de acción legal correspondiente al caso y sin poner en peligro el orden constitucional. En estos términos, el Estado no debe tratar a los disidentes como delincuentes sino como ciudadanos comprometidos con la democracia, aunque deben mantenerse las penalizaciones para evitar que este tipo de acción tienda a la normalización.


«[La desobediencia civil] es popular porque representa una ruptura incondicionada y una apertura ilimitada y porque contiene el criterio que permite discriminar entre una política sistémica y una política emancipatoria.”
“Los cambios constitucionales no surgen evolutivamente como autocorrección o autorreforma sino en base a rupturas y aperturas radicalizadas.»

Aún siendo esta la más elaborada de las definiciones adolece de problemas insolubles. Parece absurdo convalidar la desobediencia civil sobre la base de un (supuesto) procedimiento deliberativo inmanente al derecho constitucional positivo cuando este no contempla nada parecido a una democracia directa y que además solo sería deliberativo hasta el momento en que “por falta de tiempo” deba interrumpirse la discusión para adoptar una decisión, algo admitido por el propio Habermas con lo cual se desestabiliza hacia atrás todo su argumento. Tampoco tiene sentido sostener que los disidentes no puedan ser tratados como delincuentes y mantener las penalizaciones correspondientes con el objeto de impedir que las acciones de desobediencia se generalicen. Aunque adoptáramos esta perspectiva sería más racional ampliar los mecanismos de participación, como la iniciativa popular seguida de referéndum legislativo en caso de rechazo parlamentario, de tal modo que la desobediencia civil tenga costos de oportunidad disuasivos para quienes recurren a ella. Sea como sea, respecto a los disidentes, o debe dárseles la razón o sancionárselos con el rigor que la ley establezca, un efecto de todos modos ya calculado por los disidentes mismos. Finalmente, lo que está en juego con la desobediencia civil no es el derecho de minorías a luchar por convertirse en mayoría y que mientras tanto tratan de llamar la atención a la sociedad sobre la violación de derechos. No es esto lo que se propone una rebelión, que nada tiene que ver con mayorías o minorías. Lo que la define es la suspensión o interferencia de reglas que están vigentes, por lo que en vez de intentar de encapsular la resistencia pacífica en los moldes del liberalismo con el menor costo posible para el Estado de derecho o de convertirla en inofensiva para que sea legítima como intenta Habermas, debe definírsela por sus reglas constitutivas inconciliables con las del sistema. Los cambios constitucionales no surgen evolutivamente como autocorrección o autorreforma sino en base a rupturas y aperturas radicalizadas. Los esfuerzos por estilizarla en realidad solo pretenden esterilizarla, como lo hace nuestra propia Constitución, que en su artículo 36 dice: “Todos los ciudadanos tienen el derecho de resistencia contra quienes ejecutaren los actos de fuerza enunciados en este artículo”. Es decir, contempla la resistencia solo en el caso que la Constitución sea derogada de facto, lo cual aparte de ser una invocación inútil es contradictoria con la primera parte del mismo artículo que dice “Esta Constitución mantendrá su imperio aun cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. Estos actos serán insanablemente nulos”. Es decir, autoriza la resistencia contra su inobservancia, pero no previene que ella misma puede resultar injusta y lo que aparenta ser una contradicción lógica es, en realidad, un artilugio que mata dos pájaros de un solo tiro: condena la sedición contra el orden y de paso también a la desobediencia civil metiéndola en la bolsa del golpismo. Es que la obligación de obedecer una política se funda no en la Constitución o porque esa política se proponga obtener tales o cuales resultados, sino en que ha sido decidida por un procedimiento inherentemente justo. Su desobediencia tendrá que demostrar, a su turno, que la regla decisoria vigente o su empleo, que han intervenido para definir esa política, son insuficientes o deficientes respecto de reglas de validez de justicia procesal. Nunca podría hacerlo desde algún cognitivismo ético o jurídico sustancial porque para ello están las instituciones que acaba de transgredir.

Típicamente, la desobediencia civil es desautorizada como razón de aquello que puede ser considerado democrático o no, cuando son escindidos los derechos humanos de la soberanía popular o cuando estos dos principios se oponen o anteponen. La Revolución Francesa adoptó a los derechos humanos como derechos de los individuos y la izquierda los entendió de la misma manera a través de La cuestión judía de Marx. Pero los revolucionarios jacobinos robesperrianos se opusieron a esta concepción. El anteproyecto constitucional de Robespierre presentado en abril de 1793 cuestionaba implícitamente a la Declaración de 1789 porque colocaba a la ley por encima de la eventual arbitrariedad del gobierno pero también por encima del derecho a la resistencia popular. Ciertamente, los liberales se las arreglaron para asimilar el derecho indeterminado de la rebelión a una legalidad constitucional positiva, pero en tal caso el problema se vuelve crucial: las violaciones pueden ser por millones, pero no serían más que una suma de casos individuales y no una violación de la voluntad colectiva. Es el caso del México actual: es posible condenar la violación masiva de los derechos humanos en casos siempre “particulares”, sin que por ello nunca se ponga en duda la condición “democrática” del régimen político.

Una rebelión no es parte del poder, es la parte del sistema a la que el poder no consigue adaptar; este puede aniquilarla pero no dominarla. El rebelde carece de poder, pero el poder es impotente para adaptarlo. El poder surge de una relación asimétrica injusta que el sistema usa en sentido instrumental y, consecuentemente, no es algo del cual el rebelde pueda dotarse. El rebelde no usa las armas del enemigo, ni el enemigo de su enemigo es su amigo. Su soberanía es la de la coherencia, extrema aunque no infinita. Esto es lo que hace del acto de rebelión un acontecimiento, y como tal, irreproducible, singular y sin razón aparente. Los actos de rebelión no promueven instituciones o leyes; en realidad, no producen nada. Son absolutamente improductivos y gratuitos. Pero en ello reside, precisamente, su politicidad como manantial de emancipaciones posibles.


«Una rebelión no es parte del poder, es la parte del sistema a la que el poder no consigue adaptar; este puede aniquilarla pero no dominarla. El rebelde carece de poder, pero el poder es impotente para adaptarlo.»

*Licenciado en Ciencia Política y Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad del Salvador. Investigador del Conicet.

Notas al pie:

[1] http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-307967-2016-08-28.html

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