Reforma en el Ministerio Público

Por José Massoni

     El 6 de noviembre de 2017 tomó estado público un nuevo y fortísimo golpe a la república democrática, que Cambiemos muta, a pasos acelerados, a régimen totalitario.  Ahora va por una modificación de la ley del ministerio público fiscal que le permita designar y remover a la cabeza del organismo, no ya con acuerdo de dos tercios de los senadores como marca el articulo 76 de la ley  27.148, sino mediante mayoría simple, y tendrá un período de ejercicio acotado a cinco años, renovable una sola vez. Por si fuera poco, cualquier diputado podría pedir la remoción y la Cámara hacer lugar por mayoría simple, o bien lograría provocarla una petición “fundada” del Poder Ejecutivo, lo que bastará para que el Procurador quede de inmediato suspendido hasta que el Senado, si logra mayoría simple, concrete el desplazamiento definitivo. En síntesis, la conducción de todos los fiscales nacionales, que son los funcionarios con inmunidades e inamovibles que ejercen (o deciden no ejercer) la acción penal para la investigación de delitos, queda en manos del Presidente. Hay hedor a la suma del poder público que la Constitución Nacional en su artículo 29 califica y condena como infame traición a la patria.

     Si de traición se trata, el oficialismo recoge especialistas en hacerlo con el pueblo. Los senadores Pichetto, Urtubey y quienes los siguen vuelven a demostrar que el partido Justicialista institucional es una cantera inagotable de infieles a sus mandatos desde que decidieron constituirse en un partido del establishment, que juega a la gobernabilidad y la alternancia como lacayos del sistema de la dictadura neoliberal. Lacayos solo ellos y los radicales, que los representantes del Pro son dueños y administradores de la patronal nativa e internacional. Mientras tanto, harán “política” tanto como los dejen y aceptan, esto es, recibiendo algunas fiscalías como pago de servicios.

  Pero estas son anécdotas. Lo importante es que ensoberbecido por un resultado electoral sobredimensionado por los medios, Macri también destrozará la institución del Ministerio Público como tal, creación ejemplar en el concierto institucional occidental pues consiste en un órgano constitucional, extra poder, autónomo funcional y financieramente. Si su cabeza está sometida al PEN, toda la formulación constitucional queda vacía (vale recordar que el respetado administrativista radical Carlos Balbín, procurador del tesoro –es decir, el abogado del presidente-fue removido a poco de nombrado en el marco del juicio civil sobre la deuda de la familia Macri con el Correo). Por añadidura, el proyecto sobre el órgano que los constituyentes quisieron independiente contemplaría la eliminación de las procuradurías especiales, que son nada menos que las de delitos de lesa humanidad, criminalidad económica, narcocriminalidad, trata de personas, violencia institucional y violencia de género, cada una con formidables logros en sus ámbitos desde que fueran creadas por la procuradora general Alejandra Gils Carbó, designada con acuerdo casi unánime del Senado y que realizó una gestión que será paradigma académico y de gestión en el mundo del llamado derecho continental (Europa y Latinoamérica). Sabido es que dos años resistió un feroz embate del presidente y sus ministros, apoyados con mentiras por acción u omisión del totalitarismo mediático, hasta llegar a la amenaza física a su entorno familiar.

     Si el oficialismo logra la nueva ley –y en el Senado tiene asegurada su media sanción por la suma de radicales, peronistas de cartelera y propios- la impunidad ya casi obtenida mediante la actividad de los jueces federales de ambas instancias (aunque alguno no sea espontáneo y debe disciplinárselo), será total. Los dueños del poder podrán realizar cuanto delito contra el pueblo y la República convenga a las corporaciones de ciudad, campo y el mundo –y a sus propios bolsillos- sin temor alguno.    

 

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