Un Marine al frente del Poder Judicial

   Por José Massoni*

    La tragedia de estar bajo un gobierno antidemocrático no es novedad. Tampoco que ello incluye un ataque, primero, a los ingresos de los trabajadores, sean ellos obreros, empleados, maestros, científicos, pequeños y medianos empresarios e, inclusive, “emprendedores” como les place llamar a quienes con precariedad y esclavitud autoimpuesta procuran subsistir desde la marginalidad adonde los arrojaron. Ni que la contrapartida son ganancias inimaginables para el capital financiero y el núcleo del negocio agroexportador en toda su cadena. El último mes hasta los grandes capitales nacionales entraron en zona de riesgo con medidas que los pone al alcance de las fauces de las grandes corporaciones internacionales y también de los fondos buitres.

    Para lograr el objetivo necesitan destrozar la institucionalidad democrática y republicana que desde 1983 habíamos conseguido y obturar para siempre que tome el gobierno quien represente los intereses populares y nacionales. Usa dos medios de enorme poder, ambos ajenos a la elección popular: los simbióticos medios de difusión hegemónicos y el poder judicial. Los primeros crean la escena, los segundos “dicen el derecho” adecuado al interés del gobierno (éste entendido como mero administrador del poder del norte del hemisferio, explicitado por el acuerdo con el FMI), sin acomodo alguno a la Constitución, los Tratados Internacionales, las leyes, la ética o la moral en sus manifestaciones más elementales.

    A los primeros le está respondiendo la protesta social, dispersa en miríada de organizaciones populares e intelectuales y su fuerza se refleja en la militarización de la “seguridad social”, que se exhibe y actúa como represión violenta; a la segunda, la tenaz –de sencillo ocultamiento para los informadores- actividad de abogados que asumen la defensa de los derechos avasallados.

       En el Poder Judicial, para una tarea que implica atacar sin miramientos desde dirigentes políticos de amplia popularidad hasta empresarios de la gran burguesía nacional que no cuente con amigos en el gobierno, pasando por cualquier ciudadano que los acompañe, los apoye o no los combata, el Poder Ejecutivo -con la colaboración de uno de sus diarios nacionales-  ha elegido a un sargento de marines, con el perfil de personalidad de tal, su catadura moral, y conocimientos jurídicos acordes a su condición; como segundo, un cabo probado, viejo amigo.

     El juez, el marine del título, ha construido en las últimas semanas una causa que ningún tribunal del mundo occidental no declararía nula desde la primera hoja, sin perjuicio que además de su inutilidad de conjunto acumula atrocidades jurídicas por decenas, una a una por separado nulas, contrarias a las más elementales reglas del derecho que la civilización construyó en luchas de siglos. En estos días, por vía del diario colaborador –que de alguna manera logra sortear el secreto del sumario- el marine lanzó un misil a futuro, al organismo que –dentro del Poder Judicial- demostró en los hechos ser la expresión minoritaria de muchos más jueces y funcionarios que sus integrantes en punto a honestidad, independencia de cualquier partido y por sobre todo de cualquier poder, sea ejecutivo, legislativo o fáctico, nacional o extranjero: Justicia Legítima. El “arrepentido” López consiguió mejorar su celda porque habría dicho que pasaba dinero a un integrante del staff político del gobierno que a su vez lo destinaría a esta organización (que es una persona jurídica formal, sostenida por aportes bancarizados de sus integrantes y una contabilidad impoluta aprobada por la IGJ).

     Es un acto infame e injuriante, pero no una torpeza. Es la coherente búsqueda por destruir un actor potencialmente poderosísimo, porque no ignoran que su ideario y su conducta es la que se corresponde con la democracia republicana que tienen como fin destruir, único enemigo peligroso para sus planes de bien pagos administradores de la colonia.

*Ex Juez de Cámara en lo penal de la Nación 1984-1999

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