Unidad Ciudadana y hambre de Justicia

Por José Massoni*

         La aparición en la escena política argentina de Unidad Ciudadana es un acontecimiento formidable, que por sí recoge la esencia del conflicto medular del país y lo transforma en herramienta de construcción de futuro para una sociedad de intensidad democrática, nacional y popular. Toda nuestra historia (en especial la de este siglo) que computa crisis extrema, resurgimiento desde el fondo para un crecimiento social, institucional y económico inimaginado, que se prolongó por más de dos décadas y, después, una contraofensiva de las fuerzas del régimen de las multinacionales y la oligarquía que, con el gobierno en sus manos, trabaja sin descanso –con su inherente impiedad- destruyendo a diestra y siniestra todo cuanto el pueblo y sus dirigentes nacionales construyeran en beneficio de las mayorías, en lo que compete a distribución del producto interno, amplias mejoras de salarios, jubilaciones, asistencia social, salud, educación, ciencia, técnica, derechos humanos, funcionamiento republicano de las instituciones constitucionales, política nacional independiente, independencia con relación al bloque financiero internacional neoliberal, construcción de un bloque democrático progresista en América del Sur  y, en síntesis, el izamiento de todas nuestras banderas hijas de la revolución de Mayo.

       Unidad Ciudadana nace como imposición del momento histórico que esas circunstancias delinean, dando lugar en su seno a los integrantes de todas las corrientes democráticas, nacionales y populares, con sus partidos, movimientos, organizaciones sociales, productivas o asistenciales, o sin pertenencias a estructuras de índole alguna porque, por definición, pone a su cargo la salvación del pueblo y la patria. Porque el régimen instaurado tiene como objetivo la demolición del pueblo y la patria.

      Unidad Ciudadana no es un lugar creado para las quejas o la retórica. Se trata de organizar a las fuerzas populares democráticas para construir poder, en lucha contra los enemigos de toda nuestra existencia y sus formidables fuerzas de creación de “sentido común” individualista, egoísta y apátrida. Así es como el camino, iniciado a meses de elecciones de medio término, debe ser ajustadamente concreto, certero en la demostración de la realidad y en las propuestas que podrá cumplir ahora.  Es de una genial visión política, para este momento, el propósito de reordenarles  la vida a los argentinos, mostrándoles en cuánta medida ha sido cruelmente desquiciada para sojuzgarlos y explotarlos, y cuáles medidas concretas sería posible tomar por representantes fieles a sus mandatos, ya mismo, para detener la avalancha de destrucción. Primordialmente, las que provocan desempleo, explotación, desamparo, hambre, malnutrición, enfermedad, angustia, cancelación del futuro.

          Como la fuerza de tareas de los CEOs de las multinacionales de las finanzas y la producción, más la oligarquía vernácula, está lanzada a la demolición de cuanto atisbo de progreso humanístico tengamos, hay múltiples sectores cuyos actores deben asumir las circunstancias que tienen a la mano en sus mundos, en inexorable convergencia con aquellos objetivos de masas. Por caso, la “Justicia”, mejor llamada administración de justicia por el Poder Judicial. El régimen mafioso neoliberal se abalanzó sobre ella, con impudicia absoluta, porque no le basta el sistema mayoritariamente conservador corporativo que reina. Hay una minoría de magistrados que luchan, incólumes, por la aplicación sin cortapisas de todos los derechos que garantiza la Constitución y los tratados internacionales que la completan; en el seno mayoritario de los corporativos los hay que por posibles recaídas profesionales no son confiables; hasta en el sector más lúcidamente conservador pueden aparecer arrestos de independencia propios de una impronta republicana. También están, a la cabeza, los que fueron capaces de firmar engendros jurídicos como las causas “Fontevechia” y “Muiña” (la Suprema Corte) o “Sala, Milagro” (Cámara de Casación, Sala IV) que con impudicia desconcertante violan los más elementales principios del  derecho constitucional, penal y procesal. Lo que necesita el régimen, dicho por el mismo jefe, el Presidente, son soldados, jueces “de ellos”, como los recién aludidos. Verdaderos empleados del poder ejecutivo –consejeros de la magistratura, legisladores, abogados, lobbystas, periodistas- están cometiendo una tropelía tras otra, violentando todas las reglas, tras el objetivo de regimentar a los jueces y fiscales que no resuelven de acuerdo a sus exactos deseos. Es un problema crucial relacionado con aquellos derechos básicos que enumeramos más arriba. Todos los derechos que hayan sido reconocidos por las normas, en última instancia serán lo que los jueces resuelvan que son. De donde tener un cuerpo de jueces y fiscales que emitan sus fallos apegados a la recta interpretación de las leyes, honesta e independiente de los poderes políticos, los económicos y mediáticos (ahora reunidos en una sola fuente de mando del régimen) debe ser una urgencia para la sociedad, tomada como una necesidad de primer orden por todos quienes podemos accionar sobre ella, tendiendo a satisfacer el hambre de justicia que campea en el pueblo y la patria cruelmente agredidos por esta fuerza de tareas de demolición de derechos y valores de nuestro pueblo y de la nación que tenemos como gobierno.

       Objetivos. En lo inmediato, encomendar y comprometer públicamente a  los legisladores nacionales que sean elegidos en octubre a que se plantee la inmediata vigencia de la ley 27.063 –que no se ha puesto en vigencia efectiva por pasividad dolosa de toda la derecha política- por la cual desde diciembre de 2014 contamos con un código de procedimientos penal moderno, democrático, que confiere poder de control a la ciudadanía mediante el sistema acusatorio (investigan los fiscales, no los jueces) desarrollado en juicios orales y públicos, y establece un sistema ágil, transparente, informal, con participación y control por las víctimas durante todo el proceso; a promover una ley que establezca y reglamente  los Tribunales de Jurados que esa misma ley prevé; a sancionar una ley que imponga juicios orales y públicos para todos los fueros; otra, que se reintroduzca al debate parlamentario el excelente proyecto de Código Penal terminado en 2014 por juristas del peronismo, radicalismo, socialismo y el actual presidente provisional del Senado, presentado entonces al Congreso por la ex presidenta y eliminado de la agenda política por una campaña mentirosa de Sergio Massa, amplificada por todo el espectro mediático.

        Entendemos que en  la dinámica de los diálogos derivados de estas propuestas de fácil aceptación se planteará algo más complicado: el modo de desmontar la estructura corporativa del poder judicial. Está a la mano encargar a los nuevos legisladores modificar en cuanto sea menester los aspectos formales opinables de la ley que implantaba la elección popular del Consejo de la Magistratura y fuera declarada inconstitucional por la Corte Suprema, por mayoría. Con tino, se argüirá que si aquella Corte resolvió así, la actual fulminará al instante y por unanimidad una norma de índole democratizadora y popular. Ése es el “pequeño” problema que tiene el avance de la sociedad argentina hacia una república democrática, participativa, igualitaria, nacional y popular: la última valla, el Poder Judicial, tiene una cabeza imbuida de ideología conservadora, cuando no reaccionaria, y con evidencia sí sujeta a los intereses de los poderes fácticos.

      Será entonces el momento de introducir en el debate una cuestión que el desarrollo de la Unidad Ciudadana deberá convertir en sentido común y reclamo social que se transforme en política con masa crítica suficiente: es una de muchas razones que hacen imprescindible la reforma de la Constitución Nacional.

* Ex – Juez de Cámara penal nacional.

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